Toda persona con sentido común, está de acuerdo con que hay que combatir la inmigración ilegal, con exigir el cumplimiento del Principio de Legalidad en materia de inmigración, y de luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Pero una vez que la persona inmigrante vive y reside en España, se le deben de respetar todos los derechos fundamentales que les asisten, y que nuestra Constitución garantiza, entre ellos el derecho a la libertad religiosa, derecho que es sagrado, fundamental e intocable.