Sucedió sobre las 2 de la madrugada del 21 de julio. Una tribu compuesta por 6 mujeres con unos 10 niños se había aposentado en los bancos de la plaza donde vivo, hablando a voces ellas y gritando a pleno pulmón los niños, generando un escándalo aún superior al de un botelleo, e impidiendo el sueño de los vecinos. Llevaban ahí desde la 1 más o menos, pero a las 2 la cosa pasó de molesta a intolerable. Cabe destacar que mi barrio es de gente trabajadora, con un alto porcentaje de población inmigrante y también de etnia gitana (las mujeres y niños que gritaban eran gitanos, aunque esto es irrelevante porque la mala educación no conoce de razas o culturas).

Llamé a la Policía Local que, a la media hora, envió un un coche que se limitó a pasar de largo por la zona, sin tan siquiera minorar la velocidad o detenerse ante ellas, y por supuesto sin llegar a hablarles. Cabe destacar que en el momento en que pasaron los agentes, el griterío estaba en todo su apogeo, por lo que pudieron comprobar el escándalo existente.

Sorprendido, llamé nuevamente al 092, donde me atendió un varón que, ante mi petición de que los agentes hiciesen algo, me replicó que “no pueden hacer más de lo que han hecho”. Yo le respondí que no habían hecho nada, y que ni siquiera habían dirigido la palabra a las mujeres pese al enorme ruido que generaban. Me volvió a repetir la misma frase.

Le pedí que los agentes volvieran y, por lo menos, pidiesen a las mujeres que controlasen a los niños para que no gritaran constantemente. Me repitió por tercera vez la misma frase, añadiendo que “si no está conforme ponga una queja por escrito”, y acto seguido puso una música dejándome con la palabra en la boca.

Obviamente, el resultado habría sido muy distinto si los hechos hubiesen sucedido en la exclusiva zona donde vive el alcalde. Pero, una vez más, se comprueba que en Murcia existen ciudadanos de primera y de segunda, cuyo catálogo de derechos varía sensiblemente dependiendo del barrio en el que residen.

La restauración de la monarquía borbónica fue una decisión del dictador genocida Franco, tras el derribo a sangre y fuego del anterior régimen republicano legítimo. Era la segunda vez que, por la fuerza, se restauraba la dinastía de los borbones en España.

Esta decisión de Franco podría haber sido efímera si, tras su muerte, la llamada transición (irónicamente considerada modélica por algunos de sus protagonistas) hubiera discurrido como una verdadera ruptura de la sociedad española con uno de los períodos más nefastos de su historia. Pero la realidad que se impuso fue que el paso a un sistema democrático era posible únicamente si no eran puestas en cuestión algunas de las principales señas de identidad de la dictadura, y una de ellas era la monarquía encarnada en el designado por Franco como su sucesor, Juan Carlos Borbón Borbón, para el que el entonces jefe del estado nacional católico creó el pomposo título de Príncipe de España.

La monarquía fue por tanto la única opción posible para los que deseaban el fin de la dictadura y el paso a un nuevo estado democrático que situara de nuevo a España entre los modernos países europeos. Era democracia con monarquía o seguir con la dictadura por un tiempo indefinido.

El rey Juan Carlos no abjuró nunca públicamente de este evidente nexo de unión de su jefatura de estado con la anterior. No se le conoce pronunciamiento alguno en ese sentido, y no parece que dudara en conceder un título nobiliario con grandeza de España, el Ducado de Franco, a María del Carmen Franco y Polo, en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren, un acto que atenta directamente contra cualquier mínima conciencia democrática.

No resulta extraño entonces que, desde el principio, se requiriera una protección especial de la monarquía para distanciarla de tan vergonzoso comienzo. La primera y más importante medida fue un pacto, no escrito, entre los principales medios de comunicación españoles para ocultar cualquier escándalo, pequeño o grande, que afectara a los miembros de la familia real, a la par que aparecían cotidianamente alabanzas, elogios y reportajes panegíricos de la familia real. Cualquier momento era bueno para contraponer el supuestamente ejemplar comportamiento de los residentes del Palacio de la Zarzuela en contraste con el exhibido por familias reales y presidentes de otros países europeos.

Es evidente que un pacto de silencio de este tipo repugna a cualquiera que confíe mínimamente en un sistema democrático, para el cual la libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales. Pero el tiempo parece demostrar que contribuyó a ocultar supuestos comportamientos incluso delictivos del entonces rey Juan Carlos; algo que no resultaría extraño si los vemos como continuación de actitudes y comportamientos naturales durante la dictadura que llevó de nuevo al poder de los Borbones. Pero ya sabía Abraham Lincoln que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo y la publicación de los primeros escándalos llevaron a una precipitada abdicación en favor de su hijo Felipe. El objetivo era repetir de nuevo una jugada completamente similar: colocar en la jefatura del estado una persona limpia de toda sospecha mientras todos los comportamientos execrables se apuntaban al anterior rey, que cargaba con todos los pecados a modo de chivo expiatorio.

Pero, por el agujero creado en ese pacto de silencio de los medios, siguen saliendo a la luz asuntos que revelan supuestos comportamientos delictivos: cuentas en Suiza, comisiones por intermediación en contratos del Estado, blanqueo de dinero, uso de la amnistía fiscal de Montoro, etc.

Lo natural, en cualquier país de tradición democrática, habría sido un escándalo de enormes dimensiones y la puesta en marcha de una investigación urgente por parte de las más altas instituciones. Pero lo cierto es que hemos avanzado poco. Los únicos partidos estatales que piden una investigación son Podemos e Izquierda Unida y, de nuevo, los principales diarios y cadenas de televisión pasan de puntillas por este asunto. El propio gobierno socialista considera que es un asunto ya antiguo que no afecta al actual jefe del estado, obviando que ser hijo del anterior es el único mérito aducido para llegar a serlo.

No podemos permitir que este asunto se termine olvidando. No les podemos dar la oportunidad de mentirnos otros 40 u 80 años. La monarquía debe asumir todas las responsabilidades que se deriven, judicial y políticamente, de la investigación de esos supuestos hechos criminales. Y la propia monarquía como institución deberá ser cuestionada por ello si hubiera lugar. No somos súbditos, que no se rían de nosotros.

Salud