¿Por qué el Departamento de Policía de Ferguson hostigaba tanto a los ciudadanos negros de la ciudad? La respuesta breve es: el dinero, sin duda mezclado con racismo. Ferguson utilizaba a su Departamento de Policía para recaudar ingresos. Se ordenaba a los agentes poner tantas multas como fuera posible para aumentar mucho los ingresos de la ciudad. Esto significaba que podía usarse cualquier pretexto para ponerle una multa a alguien, una multa enorme. El Departamento de Justicia documentó casos en los que a la gente se le cobraron 302 dólares por una infracción en la manera de caminar, 427 dólares por una violación de la perturbación de la paz, 531 dólares por hierbas altas y maleza, 777 dólares por resistirse a la detención, 792 dólares por no obedecer y 527 dólares por no acatar, acusaciones que los agentes parecían usar indistintamente. Una vez multado, si no comparecías ante el tribunal, se te ponían más multas. El informe recogía un ejemplo representativo:

Una mujer afroamericana tiene un caso abierto que se inició en 2007, cuando, en una única ocasión, aparcó su coche de manera ilegal. Recibió dos citaciones y una multa de 151 dólares, más tasas. La mujer, que durante varios años pasó por dificultades económicas y períodos en los que no tenía vivienda, fue acusada de siete delitos por falta de comparecencia, por no acudir a citas del juzgado o por multas de aparcamiento entre 2007 y 2010. Por cada falta de comparecencia, el juzgado emitió una orden de detención e impuso nuevas multas y tasas. De 2007 a 2014 la mujer fue detenida dos veces, pasó seis días en la cárcel y pagó 550 dólares al juzgado por los sucesos derivados de este único caso de aparcamiento ilegal. Las actas judiciales muestran que en dos ocasiones intentó realizar pagos parciales de 25 y 50 dólares, pero el juzgado devolvió esos pagos, negándose a aceptar nada que no fuera el pago completo […]. En diciembre de 2014, siete años después, a pesar de deber inicialmente una multa de 151 dólares y haber pagado ya 550 dólares, aún debía 541 dólares.

Como estos abusos se dirigían contra la comunidad afroamericana, esto condujo a un serio deterioro de la confianza de ésta en las instituciones del Estado y de su cooperación con ellas. El Departamento de Policía de Ferguson no administraba justicia, administraba multas. La función básica de aplicación de la ley se desmoronó y la policía paso a ser vista con suspicacia y pavor.

Pero ¿cómo podía el Departamento de Policía de Ferguson violar los derechos constitucionales de los habitantes de su ciudad con tal impunidad? ¿No se supone que la Carta de Derechos los protege?[4] Bien, en realidad sólo hasta cierto punto. El acuerdo que dio lugar a la Carta de Derechos sólo se aplica al Gobierno federal, no a los estados; a fin de cuentas, fue una concesión de los creadores del Estado federal a las legislaturas estatales. Los estados acabaron teniendo algo llamado «poder policial», lo que les concede una inmensa discrecionalidad. Aunque el texto real de la Carta de Derechos no lo explica con detalle, en su momento se entendió así. En 1833, el Tribunal Supremo resolvió definitivamente el asunto, al dictaminar que la Carta de Derechos sólo es aplicable a las medidas que puede adoptar la legislatura nacional. Por ejemplo, la primera enmienda declara que:

El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado, o se prohíba practicarla libremente; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedirle al gobierno la reparación de agravios.

La cuarta enmienda afirma que:

El derecho de la gente a que sus personas, viviendas, papeles y efectos se hallen a salvo de inquisiciones e incautaciones arbitrarias será inviolable, y no se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas.

Pero el dictamen de 1833 dejó claro que los estados podían aprobar leyes que coartaran la libertad de expresión y permitieran inquisiciones e incautaciones arbitrarias puesto que no les afectaba la Carta de Derechos. Sólo se le prohibió a la legislatura nacional hacer tales leyes. En los estados del Sur, el objetivo principal de esta interpretación de la Carta de Derechos era garantizar que los esclavos no tuvieran ninguno de los derechos que tenían los «ciudadanos libres».

El intento de secesión del Sur de Estados Unidos y su derrota al final de la guerra civil en 1865 deberían haber sido la sentencia de muerte para esta visión de la Carta de Derechos. De hecho, la decimocuarta enmienda, aprobada en 1868, incluía la frase:

Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de Estados Unidos; tampoco podrá estado alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal; ni negar a cualquier persona que se encuentre dentro de sus límites jurisdiccionales la protección de las leyes, iguales para todos.

Pero el Tribunal Supremo decidió repetidamente que esto no invalidaba el poder policial de los estados. En 1885, el juez asociado Stephen Field sostuvo que «ni la decimocuarta enmienda, amplia y completa como es, fue concebida para interferir en el poder de un estado, denominado a veces su poder policial».

El Pasillo estrecho. Robinson y Acemoglu.