Acabo de ver cómo Gabriel Rufián y Emilio Delgado se presentaban ante un público entregado, con la intención de aunar fuerzas y frenar el avance de la extrema derecha. Mucha gente esperaba el evento con la sensación de que, quizá esta vez, la izquierda había tomado nota de sus errores y estaba dispuesta a cambiar cosas de verdad.

Pero bastó un comentario para que aflorara una vieja inercia. Emilio Delgado relató que estaba harto de escuchar a madres del colegio de su hijo lamentarse porque, ante la imposibilidad de seguir pagando un piso en Móstoles, tendrían que irse a vivir a un pueblo de Guadalajara. La frase pretendía ilustrar el drama del acceso a la vivienda. Sin embargo, lo que reveló fue algo más profundo: la asunción de que mudarse a un pueblo es poco menos que un descenso social.

Pero ¿desde cuándo vivir fuera de una gran área metropolitana es un fracaso? España lleva décadas concentrando población, empleo, inversión y servicios en unas pocas ciudades. Las áreas metropolitanas están tensionadas: alquileres disparados, tráfico permanente, contaminación, estrés, servicios públicos saturados. Y, aun así, el debate político dominante gira en torno a cómo sostener ese modelo, cómo apuntalarlo, cómo hacerlo “un poco más soportable”.

Casi nadie plantea con claridad una medida verdaderamente transformadora: descentralizar de forma decidida el país. Llevar empleo público fuera de las capitales. Incentivar fiscalmente que empresas se instalen en zonas despobladas. Garantizar conectividad digital de primer nivel en el medio rural. Apostar por una red de transporte que conecte comarcas, no solo grandes núcleos. En definitiva, redistribuir población y oportunidades en un país que tiene enormes extensiones ávidas de habitantes.

Es más barato y más eficiente mejorar las condiciones de vida en el entorno rural que intentar expandir indefinidamente ciudades que ya muestran síntomas de agotamiento estructural. No se trata de romantizar la vida en el pueblo, sino de reconocer una evidencia: hay vivienda asequible, hay espacio, hay calidad de vida y hay margen para crecer.

Para mí, lo llamativo es que una propuesta así —que podría ser profundamente igualadora y territorialmente justa— apenas aparece en el discurso de una izquierda que históricamente habló de cohesión, equilibrio y planificación. En lugar de eso, se insiste en el marco tradicional: la gran ciudad como centro inevitable del progreso, y el resto como periferia resignada.

Estoy convencido de que muchos ciudadanos (yo entre ellos) esperaban valentía. Un giro estratégico, que alguien dijera en voz alta que el problema de la vivienda no se resuelve solo exprimiendo las mismas calles de siempre, sino atreviéndose a redibujar el mapa mental del país.

Este asunto de la vivienda es solo un síntoma más de que la izquierda, que aspira a ganar terreno, todavía no se ha dado cuenta de que no puede limitarse a gestionar mejor lo existente. Tiene que cuestionarlo. Tiene que incomodar incluso a sus propias certezas. Tiene que atreverse a proponer soluciones que no caben en el marco tradicional.

Y mientras esa audacia no llegue, cada evento lleno de buenas palabras seguirá dejando la misma sensación: que el cambio prometido vuelve a posponerse.

Asistí al evento ilusionado y salí pensando "otra oportunidad perdida".