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Gobierne quien gobierne, la sensación persiste: los grandes problemas estructurales no se mueven. Las promesas se renuevan cada cuatro años, pero los hospitales siguen saturados, las infraestructuras envejecen y la inversión en ciencia languidece. La explicación no hay que buscarla en la mala fe ni en la incompetencia —o no solo—, sino en un lugar mucho más prosaico: el cuadro de mando de los Presupuestos Generales del Estado.
Imagina que mañana te nombran Presidente del Gobierno. Llegas a la Moncloa con una carpeta repleta de ambiciones: más camas hospitalarias, colegios renovados, un plan de vivienda que no sea papel mojado. Te sientas ante el escritorio, abres el cajón presupuestario de 2025 y descubres algo que te congela la sonrisa: el dinero ya está comprometido antes de que firmes nada.
Si representamos el presupuesto como un treemap —esos mosaicos de bloques proporcionales al gasto—, la imagen resulta elocuente. La mayor parte del pastel tiene dueño por imperativo legal. Y no, los dueños no son los asesores ni los ministerios con ínfulas. Son los acreedores del Estado y las obligaciones heredadas de décadas anteriores.
El primer golpe de realidad lo asesta un bloque gigantesco que domina el gráfico: la Deuda Pública. Más de 128.000 millones de euros destinados a refinanciar vencimientos y abonar intereses. La cifra es tan desproporcionada que merece una traducción doméstica: de cada tres euros que el Estado pone sobre la mesa, uno se evapora antes de producir un solo servicio público. No construye hospitales, no paga a profesores, no financia laboratorios. Simplemente amortiza los excesos acumulados.
Es como si, al cobrar la nómina, el banco te descontase automáticamente un tercio para saldar las cuotas de una década de compras a plazos. Lo que queda para la compra, el alquiler y la vida cotidiana se estrecha de un modo casi asfixiante. Ese es, exactamente, el margen de maniobra real de cualquier gobierno que llegue al poder.
La segunda sorpresa aguarda al lector que busque Sanidad o Educación en el gráfico. Las encontrará arrinconadas en cuadraditos casi testimoniales. La reacción natural es de incredulidad: ¿de verdad gastamos tan poco en salud?
Gastamos, pero no desde donde se espera. El Estado central funciona aquí como un cajero automático de alta capacidad: recauda los impuestos y transfiere el grueso de los fondos a las Comunidades Autónomas a través de la Financiación Territorial, otro de los bloques dominantes del mosaico. Son los gobiernos regionales quienes gestionan los quirófanos, contratan a los médicos y deciden si abren un centro de salud o lo cierran.
De ahí la trampa retórica que encierra cada promesa electoral sanitaria del gobierno central. Cuando un presidente anuncia que va a «revolucionar la Sanidad», lo que realmente puede hacer es girar más dinero a las autonomías y confiar en que lo administren con criterio. Tiene la chequera, pero no tiene las manos para operar.
El otro gran consumidor de recursos es el sistema de pensiones —Clases Pasivas y transferencias a la Seguridad Social—. Se trata de un gasto legítimo, amparado por un pacto social que nadie discute en abstracto, pero cuya naturaleza automática genera una rigidez formidable: las pensiones se actualizan con el IPC, llueva o truene.
El problema no es el gasto en sí, sino lo que provoca cuando la economía se contrae. Si los ingresos caen, la deuda y las pensiones siguen exigiendo su porción íntegra. ¿De dónde se recorta entonces? De la única partida que queda libre y no tiene quien la defienda con la misma fuerza: la inversión. I+D, infraestructuras, digitalización. Es decir, sacrificamos el futuro para cubrir las facturas del pasado.
Diagnosticado el mal, conviene explorar las opciones sin caer en la demagogia. Los economistas coinciden en tres vías —no excluyentes— para ampliar ese margen fiscal que hoy apenas existe.
Si no se quiere recortar, hay que aumentar los ingresos. Y la única forma sostenible de hacerlo es que la economía crezca por encima del ritmo al que se acumula la deuda. Un PIB más robusto genera más recaudación sin necesidad de subir impuestos, y el peso relativo de la deuda se reduce por pura aritmética. Es la vía más amable, pero también la más lenta: requiere reformas estructurales en productividad, educación y tecnología cuyos frutos no se recogen en una legislatura.
Si el Estado transfiere decenas de miles de millones a las Comunidades Autónomas, ¿por qué no condicionar parte de esa financiación a resultados verificables? La idea es sencilla en su formulación —«te asigno más fondos para Sanidad si demuestras que has reducido las listas de espera»— y compleja en su ejecución, pero no utópica. Las spending reviews que practican países como Holanda o Canadá ofrecen un modelo: auditar cada euro, eliminar duplicidades y reasignar recursos hacia lo que funciona.
A nadie le seduce la palabra «austeridad», pero la aritmética es implacable. Reducir el déficit primario —gastar menos de lo que se ingresa antes de intereses— es la única forma de que el bloque azul de la deuda deje de devorar el presupuesto año tras año. Cada euro de intereses que se deja de pagar es un euro disponible para hospitales, laboratorios o vías de tren. La dieta fiscal no es popular, pero sus efectos acumulativos son los más visibles a medio plazo.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2025 —prorrogados, como tantas veces— no son una carta a los Reyes Magos. Son el inventario de nuestras hipotecas colectivas. Mejorar los servicios públicos no pasa por «gastar más», porque casi no hay margen para hacerlo, sino por gestionar con precisión de cirujano el escaso espacio libre que la deuda y las obligaciones nos conceden.
La próxima vez que un candidato despliegue ante las cámaras una promesa millonaria, conviene recordar el mosaico presupuestario y hacerse una sola pregunta: ¿de qué trozo de la tarta piensa arrancar ese pedazo?
Datos obtenidos de: www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2024Prorroga/MaestroTomos/PGE-R
Información procesada con Google Gemini 3 Pro Deep Research Mode . Texto mejorado con Anthropic Claude Opus 4.6 Pro Extended.
Antes de empezar quiero aclarar varios puntos:
La aprobación en el Congreso de la reforma del Código Penal para combatir la multirreincidencia marca un antes y un después en la gestión de la seguridad ciudadana en España. El legislador busca cerrar una brecha legal que permitía a los delincuentes profesionales de hurtos y estafas leves eludir la prisión de forma sistemática.
Sin embargo, el rechazo de formaciones de izquierdas abre un debate profundo: ¿Es esta reforma un ejercicio de "populismo punitivo" o una respuesta necesaria para proteger la convivencia y el comercio local?
Los tres pilares del cambio legal
La reforma no solo eleva las penas, sino que modifica la ingeniería procesal que permitía la reincidencia infinita:
¿Por qué el "No" de la izquierda es un error estratégico?
La postura de la izquierda se basa en que la cárcel "no soluciona la pobreza". Si bien el diagnóstico social es correcto, su traslación a la política de seguridad presenta tres fallos fundamentales que alejan a la izquierda de las clases trabajadoras:
Conclusión
La reforma de la multirreincidencia no es un ataque a los derechos civiles, sino un ajuste necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. La izquierda debería entender que la impunidad no es una política social. Defender que quien comete 50 hurtos al año entre en prisión no es ser "derechista", es ser pragmático en la defensa de la convivencia cotidiana.
La reciente aprobación en el Congreso de la reforma para endurecer el castigo a la multirreincidencia ha sido presentada por el bloque conservador y parte del centro-izquierda como una victoria de la "seguridad". Sin embargo, el voto negativo de los sectores más progresistas del espectro político no es un error de cálculo, sino un ejercicio de coherencia frente a lo que consideran populismo punitivo: una receta vieja que pretende ocultar problemas sociales bajo la alfombra de las celdas.
¿Qué esconde realmente la reforma?
Para entender el rechazo de la izquierda, hay que mirar más allá de los titulares. Los cambios técnicos introducidos suponen una ruptura con la función rehabilitadora de la justicia:
¿Por qué el "No" es la postura más responsable?
Frente a la corriente de opinión que pide "mano dura", los grupos ideológicos de izquierda sostienen que esta ley es un error por tres motivos fundamentales:
1. No ataca la raíz, solo esconde el síntoma
La multirreincidencia en hurtos leves es, en la inmensa mayoría de los casos, un síntoma de exclusión social, falta de recursos o adicciones. La izquierda defiende que los recursos que se gastarán en plazas penitenciarias y juzgados de refuerzo deberían invertirse en servicios sociales, vivienda y planes de empleo.
2. La ineficacia del castigo como disuasión
La historia del derecho penal demuestra que endurecer las penas no reduce la criminalidad de baja intensidad. Quien roba por necesidad o por una estructura de vida marginal no hace un análisis de coste-beneficio sobre el Código Penal. La reforma generará cárceles más llenas, pero no calles más seguras, ya que no ofrece una salida real a las personas que entran en el bucle de la delincuencia menor.
3. El peligro de la deriva punitivista
Ceder ante el discurso de que la seguridad solo se consigue con más cárcel es una derrota ideológica para el progresismo. La izquierda sostiene que la verdadera seguridad ciudadana es la seguridad social: barrios con servicios, jóvenes con futuro y una red de protección que impida que alguien tenga que hacer del pequeño hurto su modo de vida. Comprar el marco discursivo de la derecha solo sirve para desplazar el debate público hacia posiciones autoritarias.
Conclusión
Votar en contra de esta reforma no es defender la impunidad, es defender la proporcionalidad y la inteligencia social. La izquierda transformadora entiende que una sociedad no es más segura por tener más gente entre rejas, sino por tener menos razones para delinquir. Aplicar el rodillo penal sobre los eslabones más débiles de la cadena es un atajo electoralista que renuncia a construir una justicia que, además de castigar, sea capaz de reparar y sanar.
La reciente reforma contra la multirreincidencia no debería entenderse como un giro autoritario ni como una concesión al populismo, sino como un ajuste técnico destinado a corregir una disfunción del sistema que estaba erosionando la confianza ciudadana en la Justicia.
El diagnóstico: Un sistema que no disuadía
El problema no era la falta de leyes, sino la ineficacia de su aplicación. El sistema previo generaba una paradoja: el delincuente ocasional podía recibir un castigo severo, mientras que el delincuente profesional de delitos leves (hurtos de menos de 400€) encontraba una "zona de confort" legal.
Los cambios introducidos buscan restaurar la función disuasoria de la norma:
Análisis de posturas: El error de los extremos
Desde una posición de equilibrio, el rechazo total de la izquierda y el entusiasmo desmedido de ciertos sectores de la derecha son igualmente cuestionables:
1. El error del idealismo de izquierda:
Argumentar que la reforma "criminaliza la pobreza" es un análisis incompleto. Una sociedad avanzada no puede permitir que el respeto a la propiedad privada sea opcional solo porque el infractor tenga dificultades sociales. La impunidad, a la larga, solo alimenta discursos de extrema derecha.
2. El riesgo del populismo de derecha:
Por otro lado, la derecha a veces presenta la cárcel como la solución única a la delincuencia. El centrismo advierte que la prisión es necesaria, pero debe ir acompañada de la agilización judicial (creación de juzgados) y de políticas de reinserción. De nada sirve encarcelar a un reincidente si el sistema judicial tarda tres años en dictar sentencia o si el centro penitenciario no trata la raíz de su conducta (como las toxicomanías).
Conclusión: Firmeza con garantías
La reforma de la multirreincidencia es un paso hacia un modelo de "seguridad ciudadana responsable". No se trata de llenar las cárceles, sino de garantizar que las leyes se cumplan y que la reincidencia tenga consecuencias reales.
Para el centro político, la clave del éxito no estará solo en el número de condenas, sino en si esta reforma logra restablecer la paz social protegiendo al ciudadano cumplidor sin renunciar a las garantías procesales que definen a nuestra democracia.
Abrí este sub porque me parecía un espacio neutro. Un espacio para tomar un respiro.
Nunca estuvo pensado para ganar nada (a excepción de la chorrada del retrato) era para abrir un pequeño hilo de diálogo sobre todo y nada en particular, algo inocuo.
Se que algunos usuarios os gustaba y lo siento mucho a mi también.
Pero al no respetarse la filosofía del sub, ni las normas e introducir preguntas de forma chabacana y fuera de lugar, prefiero bloquearlo ya que no hay forma de gestionar el asunto.
Así que lo siento muchísimo y paz entre los mundos...
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menéame
