El escenario que voy a describiros se repite, desgraciadamente, con bastante asiduidad en las administraciones públicas controladas por políticos sin escrúpulos. Un servicio público esencial, competencia irrenunciable de la Administración, es licitado para que lo realice una empresa privada. La Administración configura los pliegos para que el factor más relevante de cara a la concesión sea el menor importe de la oferta. Es decir, que se le da a la empresa que ofrece hacerlo por menos dinero, aunque sea evidente que, con ese...