Antes de empezar quiero aclarar varios puntos:
La aprobación en el Congreso de la reforma del Código Penal para combatir la multirreincidencia marca un antes y un después en la gestión de la seguridad ciudadana en España. El legislador busca cerrar una brecha legal que permitía a los delincuentes profesionales de hurtos y estafas leves eludir la prisión de forma sistemática.
Sin embargo, el rechazo de formaciones de izquierdas abre un debate profundo: ¿Es esta reforma un ejercicio de "populismo punitivo" o una respuesta necesaria para proteger la convivencia y el comercio local?
Los tres pilares del cambio legal
La reforma no solo eleva las penas, sino que modifica la ingeniería procesal que permitía la reincidencia infinita:
¿Por qué el "No" de la izquierda es un error estratégico?
La postura de la izquierda se basa en que la cárcel "no soluciona la pobreza". Si bien el diagnóstico social es correcto, su traslación a la política de seguridad presenta tres fallos fundamentales que alejan a la izquierda de las clases trabajadoras:
Conclusión
La reforma de la multirreincidencia no es un ataque a los derechos civiles, sino un ajuste necesario para restaurar la confianza en el sistema judicial. La izquierda debería entender que la impunidad no es una política social. Defender que quien comete 50 hurtos al año entre en prisión no es ser "derechista", es ser pragmático en la defensa de la convivencia cotidiana.
La reciente aprobación en el Congreso de la reforma para endurecer el castigo a la multirreincidencia ha sido presentada por el bloque conservador y parte del centro-izquierda como una victoria de la "seguridad". Sin embargo, el voto negativo de los sectores más progresistas del espectro político no es un error de cálculo, sino un ejercicio de coherencia frente a lo que consideran populismo punitivo: una receta vieja que pretende ocultar problemas sociales bajo la alfombra de las celdas.
¿Qué esconde realmente la reforma?
Para entender el rechazo de la izquierda, hay que mirar más allá de los titulares. Los cambios técnicos introducidos suponen una ruptura con la función rehabilitadora de la justicia:
¿Por qué el "No" es la postura más responsable?
Frente a la corriente de opinión que pide "mano dura", los grupos ideológicos de izquierda sostienen que esta ley es un error por tres motivos fundamentales:
1. No ataca la raíz, solo esconde el síntoma
La multirreincidencia en hurtos leves es, en la inmensa mayoría de los casos, un síntoma de exclusión social, falta de recursos o adicciones. La izquierda defiende que los recursos que se gastarán en plazas penitenciarias y juzgados de refuerzo deberían invertirse en servicios sociales, vivienda y planes de empleo.
2. La ineficacia del castigo como disuasión
La historia del derecho penal demuestra que endurecer las penas no reduce la criminalidad de baja intensidad. Quien roba por necesidad o por una estructura de vida marginal no hace un análisis de coste-beneficio sobre el Código Penal. La reforma generará cárceles más llenas, pero no calles más seguras, ya que no ofrece una salida real a las personas que entran en el bucle de la delincuencia menor.
3. El peligro de la deriva punitivista
Ceder ante el discurso de que la seguridad solo se consigue con más cárcel es una derrota ideológica para el progresismo. La izquierda sostiene que la verdadera seguridad ciudadana es la seguridad social: barrios con servicios, jóvenes con futuro y una red de protección que impida que alguien tenga que hacer del pequeño hurto su modo de vida. Comprar el marco discursivo de la derecha solo sirve para desplazar el debate público hacia posiciones autoritarias.
Conclusión
Votar en contra de esta reforma no es defender la impunidad, es defender la proporcionalidad y la inteligencia social. La izquierda transformadora entiende que una sociedad no es más segura por tener más gente entre rejas, sino por tener menos razones para delinquir. Aplicar el rodillo penal sobre los eslabones más débiles de la cadena es un atajo electoralista que renuncia a construir una justicia que, además de castigar, sea capaz de reparar y sanar.
La reciente reforma contra la multirreincidencia no debería entenderse como un giro autoritario ni como una concesión al populismo, sino como un ajuste técnico destinado a corregir una disfunción del sistema que estaba erosionando la confianza ciudadana en la Justicia.
El diagnóstico: Un sistema que no disuadía
El problema no era la falta de leyes, sino la ineficacia de su aplicación. El sistema previo generaba una paradoja: el delincuente ocasional podía recibir un castigo severo, mientras que el delincuente profesional de delitos leves (hurtos de menos de 400€) encontraba una "zona de confort" legal.
Los cambios introducidos buscan restaurar la función disuasoria de la norma:
Análisis de posturas: El error de los extremos
Desde una posición de equilibrio, el rechazo total de la izquierda y el entusiasmo desmedido de ciertos sectores de la derecha son igualmente cuestionables:
1. El error del idealismo de izquierda:
Argumentar que la reforma "criminaliza la pobreza" es un análisis incompleto. Una sociedad avanzada no puede permitir que el respeto a la propiedad privada sea opcional solo porque el infractor tenga dificultades sociales. La impunidad, a la larga, solo alimenta discursos de extrema derecha.
2. El riesgo del populismo de derecha:
Por otro lado, la derecha a veces presenta la cárcel como la solución única a la delincuencia. El centrismo advierte que la prisión es necesaria, pero debe ir acompañada de la agilización judicial (creación de juzgados) y de políticas de reinserción. De nada sirve encarcelar a un reincidente si el sistema judicial tarda tres años en dictar sentencia o si el centro penitenciario no trata la raíz de su conducta (como las toxicomanías).
Conclusión: Firmeza con garantías
La reforma de la multirreincidencia es un paso hacia un modelo de "seguridad ciudadana responsable". No se trata de llenar las cárceles, sino de garantizar que las leyes se cumplan y que la reincidencia tenga consecuencias reales.
Para el centro político, la clave del éxito no estará solo en el número de condenas, sino en si esta reforma logra restablecer la paz social protegiendo al ciudadano cumplidor sin renunciar a las garantías procesales que definen a nuestra democracia.
Traigo este debate a la palestra debido a la enorme cantidad de artículos generados por IA en Menéame. Pese a que entiendo que escribir un artículo requiere tiempo y energía, no justifica el uso de la IA generativa.
Esto que propongo no es nada nuevo. Empresas como el buscador Kagi tienen iniciativas como el llamado "StopSlop", donde se puede reportar contenido creado por IA. Este contenido baja o desaparece del ranking del buscador. En sus propias palabras:
Kagi apoya las herramientas de IA que potencian la creatividad, pero se opone a aquellas que socavan la autenticidad y la confianza en el contenido creado por humanos.
En el mundo del software ya son muchos los proyectos open-source que tienen políticas de IA donde, entre otras cosas, se pide que la descripción sea escrita por un ser humano y que se diga claramente que el código ha sido generado por un LLM.
github.com/ghostty-org/ghostty/blob/main/AI_POLICY.md
Creo que Menéame debería ser un baluarte en la defensa del contenido humano. Y debería primar el contenido de calidad frente al llamado "slop". Esto va en línea con otras iniciativas hermanas como la contraalgoritmia: www.jotdown.es/2025/01/la-contralgoritmia-es-la-nueva-contracultura/.
En el siglo de la desinformación, todos deberíamos hacer un esfuerzo por primar el contenido de calidad generado por inteligencias naturales frente al correcto, artificial y deshumanizador contenido generado por una máquina.
menéame