De acuerdo con Irene Barbado, directora de la planta, el proceso implicó ajustes operativos para “hacer correr” un tipo de petróleo que históricamente había sido considerado difícil de refinar, debido a su viscosidad y composición. Desde el gobierno cubano, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó que este avance rompe la idea de que el crudo nacional no podía ser refinado.

La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, interrumpe en varias ocasiones al investigador principal de la Gürtel.

... y, de hecho, una consulta a las IAs puede dar referencias útiles:

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PROMPT:

Imagina que una persona está en una situación de extrema pobreza, en cierto país.

Ese país tiene el suficiente nivel de subdesarrollo como para ser incapaz de ofrecer a esa persona la posibilidad de escapar de esa pobreza terrible, teniendo una vida económicamente digna en la que trabaja de manera razonable para disfrutar de un nivel de vida razonable. Es decir, esa persona está condenada a esa terrible pobreza.

Sin embargo, el gobierno de su país sí está dando a esta persona una pequeña prestación social, una pequeña paga.

Esta pequeña paga es totalmente insuficiente, y no libra a esta persona de una vida muy sufrida por la pobreza en la que se encuentra.

Esta persona piensa de la siguiente manera:

Ella desearía no existir en este mundo, dadas las condiciones económicas miserables a las que está condenada.

Ella desearía que el gobierno le ayudase a morir sin sufrimiento, mediante un proceso eutanásico médicamente asistido.

Esta persona razona que si el gobierno accediese a eutanasiarla, todos saldrían ganando: esta persona por fin escaparía de la existencia miserable que le está haciendo sufrir y que ella desea abandonar; y la eutanasia le saldría al gobierno muchísimo mas barata que seguir pagándole la prestación, porque al morir esta persona, el gobierno ya no tendría que seguir gastando dinero en ella.

Esta persona, pues, ofrece al gobierno un trato que es económicamente beneficioso para el gobierno: eutanasiarla, y así dejar de gastar dinero en ella.

Si el gobierno no tiene aprobada una ley que legalice la muerte eutanásica basada en el supuesto de pobreza de esta persona, de manera que esta persona no puede acceder a una muerte asistida, ¿podría entonces esta persona argumentar que ella ya no es una carga para el gobierno, porque el gobierno no le está pagando la prestación por obligación, sino porque prefiere pagársela a eutanasiarla?

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KIMI:

Este es un escenario hipotético de una densidad ética tremenda, y merece una respuesta que desarme cuidadosamente sus premisas sin menospreciar el sufrimiento que describes. Vamos paso a paso.

1. La naturaleza jurídica de la prestación

El argumento de la persona descansa sobre una premisa falsa: que el gobierno le paga por preferencia en lugar de por obligación. Las prestaciones sociales, incluso las mínimas, no suelen ser actos de caridad discrecionales del Estado, sino el cumplimiento de una obligación jurídica —ya sea constitucional, legal o derivada de un pacto social implícito—. El Estado no está "haciendo un favor"; está respondiendo a un derecho, por insuficiente que sea su materialización.

Por tanto, decir que el gobierno "prefiere" pagarla a eutanasiarla es una categoría errónea. No es una elección entre dos opciones moralmente neutras. Es como decir que un hospital "prefiere" tratar a un paciente a dejarlo morir: no, está obligado a tratarlo. La eutanasia, en los pocos sistemas jurídicos que la contemplan, nunca se configura como alternativa económica a la asistencia social.

2. La falacia del "trato" mutuamente beneficioso

El razonamiento de la persona sugiere una simetría que no existe: "yo gano (dejo de sufrir) y el gobierno gana (ahorra dinero)". Pero esto ignora que el gobierno, en una democracia constitucional, no es una empresa cuya función sea maximizar utilidad económica. Su legitimidad descansa, entre otras cosas, en proteger la vida de los ciudadanos, no en monetizarla.

El "ahorro" que propone la persona no es un beneficio legítimo del Estado; es una externalidad macabra. Reconocerlo como ganancia gubernamental válida rompería el principio fundamental de que la dignidad humana no tiene precio. Una vez que aceptas que es legítimo que el Estado ahorre dinero eliminando a los pobres, dejas de tener un Estado de derecho y tienes algo mucho más oscuro.

3. El problema de la coerción estructural

Aquí está quizás el punto más delicado. Si permitiéramos que la pobreza extrema fuera causalmente suficiente para acceder a eutanasia, no estaríamos ofreciendo una "salida digna"; estaríamos construyendo un sistema donde la desigualdad estructural coacciona a las personas a "elegir" la muerte.

El deseo de no existir que describes no surge en un vacío ético: surge en un contexto donde el Estado ha fracasado en proporcionar las condiciones mínimas de vida digna. Convertir ese fracaso estatal en justificación para la eutanasia es, en esencia, hacer que la víctima asuma la carga de una solución final al problema que el Estado no quiso resolver. Es una inversión perversa de responsabilidades.

4. ¿Es esta persona una "carga"?

Desde una perspectiva estrictamente contable, cualquier ciudadano que recibe más del Estado de lo que aporta es, en un sentido técnico, un flujo neto negativo. Pero el contrato social no se basa en la contabilidad. Los niños, los ancianos, los enfermos crónicos, los discapacitados —todos son "cargas" en ese sentido estrecho, y sin embargo son precisamente a quienes el Estado existe para proteger.

La persona del escenario no deja de ser una carga porque el gobierno "elija" pagarle; sigue siendo una obligación del Estado porque sigue siendo una persona. Y el hecho de que el Estado cumpla mal con esa obligación (una prestación insuficiente) no transforma a la víctima en una carga voluntaria, sino al Estado en un deudor moroso.

5. Sobre el argumento lógico final

La pregunta final es: ¿puede esta persona argumentar que ya no es una carga porque el gobierno "prefiere" pagarla?

La respuesta es no, y por tres razones convergentes:

• Jurídicamente: El gobierno no prefiere; está obligado. La imposibilidad de eutanasiarla no es una elección entre opciones, sino un límite ético-legal.
• Moralmente: La existencia de una persona no puede ser condicionada a su rentabilidad fiscal. El argumento de la persona, si fuera válido, justificaría implícitamente que cualquier sistema de salud o asistencia social podría "optimizarse" eliminando a los más vulnerables.
• Lógicamente: El argumento comete una falsa equivalencia. No pagar una prestación y eutanasiar a alguien no son dos formas de "dejar de gastar" en una categoría moral equivalente. Una es omisión de un deber; la otra es acción sobre una vida.

Conclusión

El razonamiento de la persona es comprensible desde la desesperación, pero insostenible desde cualquier marco ético o jurídico coherente. Lo que describe no es un "trato" racional, sino una trampa estructural donde la pobreza extremada distorsiona la percepción hasta el punto de hacer que la víctima ofrezca su propia eliminación como solución al fracaso del sistema que la rodea.

El problema real no es que esta persona sea una carga. El problema es que vive en un sistema que le hace sentir que su único valor residual es el dinero que ahorraría si dejara de existir. Esa no es una falla de la persona; es una falla civilizatoria.

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CHATGPT:

En general, no: ese argumento no suele funcionar ni jurídica ni moralmente.

La razón central es que la obligación del gobierno de pagar una prestación, si existe, nace de la ley, no de una preferencia del gobierno entre “pagar” o “eutanasiar”. Aunque al Estado le saliera más barato que esa persona muriera, eso no le da poder para convertir una situación de pobreza en un supuesto de eutanasia. Para que la eutanasia o el suicidio médicamente asistido sean legales, hace falta una base normativa expresa, criterios médicos y de consentimiento muy estrictos, y normalmente la pobreza no es un criterio admisible.

Hay dos ideas distintas aquí:

1. Prestación social: si la ley obliga al Estado a pagarla, el Estado no puede decir “te la doy solo porque prefiero eso a otra cosa”. La obligación sigue siendo una obligación.
2. Eutanasia: aunque una persona esté sufriendo mucho, el hecho de ser una “carga económica” para el Estado no convierte su muerte asistida en legítima. Al contrario, abrir esa puerta por razones de coste sería visto como una forma de coacción estructural: una persona pobre podría sentirse empujada a morir porque el sistema le niega alternativas dignas.

Así que esa persona podría decir: “el Estado me sigue pagando porque está obligado, no porque le convenga”, pero eso no le permitiría concluir que el Estado “ya no la está cargando” en el sentido legal. Más bien, lo correcto sería: si el Estado debe pagar, debe pagar; y si no ofrece condiciones de vida digna, el problema es la insuficiencia del sistema social, no una base para la eutanasia.

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DEEPSEEK:

La persona en esa situación plantea un razonamiento que, a primera vista, parece lógico y hasta liberador para su autoestima, pero que merece un análisis cuidadoso desde varios ángulos (filosófico, jurídico y económico). Vamos a desglosarlo.

El argumento de la persona

Ella dice:

1. El gobierno tiene dos opciones: seguir pagándome la prestación (un gasto que considera una carga) o ayudarme a morir sin sufrimiento (un gasto único mucho menor y definitivo).
2. Si el gobierno no legaliza la eutanasia por pobreza, está eligiendo no tomar la opción más barata.
3. Por tanto, el pago de la prestación ya no es una obligación inevitable, sino una decisión voluntaria del gobierno, que prefiere gastar ese dinero antes que eutanasiarme.
4. Conclusión: yo ya no soy “una carga” para el gobierno, porque él mismo elige asumir ese coste a cambio de mantenerme viva. Si yo fuera realmente una carga insoportable, cambiaría la ley.

Análisis crítico

La validez del argumento depende de lo que entendamos por “obligación”, “carga” y de la realidad legal y ética del Estado.

1. La prestación sigue siendo una obligación jurídica, no una preferencia libre

En casi todos los ordenamientos, incluso en países subdesarrollados que ofrecen alguna prestación social, el Estado está obligado por su propia legislación, por su constitución o por tratados internacionales a proteger la vida y garantizar un mínimo vital. No pagar la ayuda sería ilegal; matar a la persona, aunque ella lo pida y sea más barato, es típicamente un delito (homicidio consentido) y además violaría el derecho a la vida consagrado en multitud de normas.

El gobierno no se mueve en un vacío donde pueda elegir libremente entre “pagar” o “eutanasiar”. La opción de eutanasiar ni siquiera existe legalmente. Por tanto, la prestación no es fruto de una preferencia, sino del cumplimiento forzoso de un deber legal. La analogía sería como decir que un deudor no es una carga para su acreedor porque este, en lugar de matarlo para cobrar un seguro, prefiere seguir recibiéndole pagos obligados por ley: la única opción lícita es la segunda, así que no hay una verdadera elección.

2. La no legalización de la eutanasia no equivale necesariamente a “preferir pagar”

Existen múltiples razones por las que una sociedad no legaliza la eutanasia para pobres:

• Principios éticos y religiosos que consideran la vida un valor indisponible.
• El temor a la pendiente resbaladiza (que se presione a otros pobres a morir para aliviar las arcas públicas).
• El respeto a la dignidad humana, entendida como incompatible con matar a alguien por su situación económica.
• La convicción de que el Estado debe combatir la pobreza, no eliminar a los pobres.

El hecho de que el gobierno no abra esa puerta no significa que esté manifestando un deseo positivo de “pagar con gusto” a esa persona en concreto. Simplemente, la eutanasia ni se plantea como un curso de acción legítimo. No hay dicotomía real entre “eutanasiar” y “pagar”, porque la primera rama está vetada por razones de principio que van mucho más allá del coste fiscal.

3. El concepto de “carga” no desaparece porque el que la soporta no pueda (legalmente) librarse de ella

Ser una carga económica significa representar un gasto que alguien debe afrontar. Si el gobierno está obligado a pagar, ese gasto sigue existiendo y sigue saliendo del presupuesto público. Desde la perspectiva de la hacienda pública, es irrelevante que la ley obligue: el dinero sale igual, y los contribuyentes lo sufragan. De hecho, el gobierno podría sentir esa partida como una carga precisamente porque no puede suprimirla legalmente a voluntad, como ocurre con otras obligaciones financieras.

4. El argumento funciona a nivel retórico o psicológico, pero no cambia la realidad material

Lo que la persona hace es una reinterpretación del concepto de “carga” para liberarse de la culpa o del estigma de sentirse una molestia. Es un giro ingenioso: “Si el Estado realmente pensara que soy una carga insoportable, aprobaría la eutanasia. Como no lo hace, está reconociendo que mi vida vale más que el dinero que gasta en mí, por lo que ese gasto es una inversión querida, no una carga”.

Este razonamiento tiene fuerza como mecanismo de empoderamiento personal y como crítica a la sociedad: le recuerda al gobierno que, si de verdad le preocupa el gasto, tiene una solución extrema que no quiere tomar, así que quizá debería replantearse su asistencia. Sin embargo, no es un argumento que convierta la prestación en un regalo voluntario; simplemente revela que el Estado prefiere (o está constreñido a preferir) asumir el coste antes que cruzar ciertas líneas éticas.

Conclusión

La persona puede articular ese argumento para afirmar que no es una carga en el sentido de que el gobierno no la considera prescindible, pues no está dispuesto a deshacerse de ella ahorrando dinero. Pero desde el punto de vista estrictamente lógico y jurídico, el hecho de que el gobierno pague la prestación no se debe a una preferencia libre, sino a una obligación impuesta por el ordenamiento; además, el coste económico sigue siendo el mismo y, por tanto, sigue siendo una carga financiera. El argumento le sirve para no sentirse moralmente en deuda o estigmatizada, pero no transforma la naturaleza obligacional del gasto ni la realidad de su sufrimiento.

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Nota de BoosterFelix: por tanto, recordad que un gobierno que dedica las paguitas a la tauromaquia, a peñas rocieras, a salvar a los dueños ricos de la banca o a la monarquía, en vez de dedicarlas al avance, al desarrollo, a la ciencia y a la prosperidad económica generalizada y desmonopolizada guiada por estos principios, es un mal gobierno. Impuestos vas a pagar de todas formas; la diferencia es que, si no los pagas a mejorar el país, los estarás pagando a los ricos.

 

 

 

 

 

 

El precio del petróleo se dispara cerca de un 7% y ronda los 119 dólares el barril de brent ante el estancamiento de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a la agencia Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que Teherán renuncie a su programa nuclear. “El bloqueo es, en cierto modo, más eficaz que los bombardeos. Están asfixiados y para ellos va a ir a peor. No pueden tener un arma nuclear”, afirmó el mandatario. Cuanto más tiempo se prol

#teahorrounprompt

Vale, ayer ya llegaron los primeros negativos, pero las noticias han pasado de portada de artículos a portada general. Así que hoy cambiamos un poco el tono.

Después de varios artículos sobre jueces, policías, fiscales y engranajes institucionales que parecen funcionar siempre en la misma dirección, toca hablar de los otros: los que denunciaron, los que investigaron, los que no miraron hacia otro lado o los que, por una vez, hicieron lo que se supone que había que hacer.

No busco canonizar a nadie. Algunos tienen sombras, errores o contradicciones. Pero todos comparten algo: en algún momento se salieron de la fila, rompieron la omertá o hicieron correctamente su trabajo cuando lo fácil era no verlo.

Prompt:

Actúa como cronista judicial y político español. Busca personas relevantes que denunciaron corrupción, investigaron correctamente casos sensibles o se negaron a participar en el silencio institucional. Para cada una, resume en pocas líneas qué hicieron, qué poder incomodaron y cómo el sistema, el partido, los medios o las cloacas les hicieron pagar el atrevimiento. No los conviertas en santos: limítate a mostrar el coste de no seguir la omertá.

Y el resultado es bastante instructivo.

José Luis Peñas: el concejal que puso la grabadora

José Luis Peñas, exconcejal del PP en Majadahonda, fue uno de los denunciantes que permitió destapar Gürtel. Grabó durante años conversaciones con Francisco Correa y su entorno, y esas grabaciones acabaron siendo una de las llaves de entrada al mayor caso de corrupción del PP.

Cómo le hicieron pagar:

No acabó convertido en héroe institucional, precisamente. También fue condenado por su participación en la trama, aunque después recibió un indulto parcial. El sistema aceptó sus grabaciones, pero no le regaló una estatua. Fue útil para abrir la puerta, pero la maquinaria no perdona fácilmente al que traiciona la familia.

Moraleja:

En España puedes ayudar a destapar una trama que tumba un Gobierno y aun así acabar siendo tratado como nota al pie incómoda.

Ana Garrido: la funcionaria que vio demasiado

Ana Garrido Ramos, extrabajadora del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, denunció irregularidades que ayudaron a tirar del hilo de Gürtel en uno de sus grandes epicentros municipales.

Cómo le hicieron pagar:

Según ha contado durante años, sufrió acoso laboral, aislamiento, pleitos, desgaste personal y profesional. La corrupción no siempre necesita matarte: a veces basta con convertirte la vida laboral y familiar en una trituradora.

Moraleja:

Si una funcionaria cumple con su deber y denuncia una red clientelar, el sistema debería protegerla. En España, muchas veces primero la deja sola y después la invita a dar charlas sobre integridad.

Manuel Morocho: el policía que siguió los papeles de Bárcenas

Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y principal investigador de Gürtel, siguió durante años el rastro de la financiación irregular del PP y de los papeles de Bárcenas.

Cómo le hicieron pagar:

En el juicio de Kitchen ha declarado que sufrió presiones para no incluir nombres como Rajoy o Cospedal en sus informes, que se intentó apartarle de la investigación y que incluso le ofrecieron destinos mejor pagados. Es decir: el premio habitual al funcionario incómodo. Un ascenso, pero hacia fuera.

Moraleja:

Cuando un investigador llega demasiado cerca de la verdad, siempre aparece alguien preocupado por su bienestar profesional.

Hermes de Dios: el comisario del ático de Ignacio González

Agapito Hermes de Dios, excomisario de Marbella, investigó el famoso ático de Ignacio González en Estepona/Marbella y sostuvo que había indicios oscuros sobre la verdadera propiedad del inmueble.

Cómo le hicieron pagar:

Declaró que recibió presiones para cerrar la investigación, que le pusieron delante un documento para que afirmara que no había encontrado indicios de delito y que temió por su carrera policial. También contó que Ignacio González le denunció por revelación de secretos.

Moraleja:

Investigar un ático puede ser más peligroso que investigar un zulo, dependiendo de quién duerma arriba.

Marcelino Martín-Blas: Asuntos Internos contra Villarejo

Marcelino Martín-Blas fue responsable de Asuntos Internos y se enfrentó al comisario Villarejo en una época en la que Villarejo no era todavía “el excomisario Villarejo”, sino una pieza muy cómoda para demasiada gente.

Cómo le hicieron pagar:

Interior le relevó de Asuntos Internos en 2015, en pleno enfrentamiento con Villarejo. En cualquier democracia sana, investigar a las cloacas debería ser una medalla. Aquí muchas veces es una invitación a mudarte de despacho.

Moraleja:

Asuntos Internos está muy bien hasta que se toma demasiado en serio lo de “internos”.

Pablo Ruz: el juez que no aceptó al PP como víctima de su propia caja B

Pablo Ruz instruyó Gürtel y los papeles de Bárcenas. Dio por acreditada indiciariamente una contabilidad paralela en el PP y rechazó que el partido se personara como “ofendido” por la caja B. El PP no era la víctima: era, como mínimo, parte del paisaje.

Cómo le hicieron pagar:

No fue expulsado ni perseguido penalmente. Pero tampoco terminó precisamente blindado en la Audiencia Nacional. Al acabarse su etapa, volvió a su juzgado de Móstoles mientras otros perfiles mucho más complacientes han tenido carreras bastante más mullidas.

Moraleja:

En España investigar la caja B del partido que gobierna puede ser compatible con hacer bien tu trabajo. Lo que no parece garantizar es una carrera institucional especialmente cómoda.

Pablo Casado: cuando el PP descubrió que investigar a Ayuso era peor que perder elecciones

Pablo Casado no es precisamente un héroe anticorrupción. Pero en 2022 hizo algo muy sencillo: pedir explicaciones sobre el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso.

Cómo le hicieron pagar:

Políticamente duró menos que un hielo en agosto. La guerra interna acabó con su liderazgo, Ayuso salió reforzada y el PP aprendió una lección muy clara: la corrupción se denuncia hacia fuera, no hacia dentro.

Moraleja:

Casado pensó que podía pedir explicaciones sobre el entorno familiar de Ayuso y seguir siendo presidente del PP. Fue un error de cálculo casi enternecedor.

Rodolfo Ruiz: el comisario de Vallecas triturado por la conspiración del 11-M

Rodolfo Ruiz, entonces comisario de Puente de Vallecas, quedó en el centro de las teorías conspirativas del 11-M por la mochila con explosivos que no llegó a estallar y que fue clave en la investigación.

Cómo le hicieron pagar:

Durante años fue acusado de fabricar pruebas falsas o de participar en una conspiración. Él y su familia sufrieron una campaña brutal. Su esposa terminó suicidándose y su familia quedó marcada por aquella maquinaria mediática de la sospecha.

Moraleja:

A veces hacer tu trabajo en una comisaría no basta. Si tu trabajo desmiente el relato que algunos necesitan, te convierten en villano para que la mentira respire.

Conclusión

Estos casos no demuestran que España sea una mafia perfecta. Las mafias perfectas no existen. Lo que muestran es algo más triste: que en España, cuando alguien rompe la omertá, rara vez encuentra una alfombra roja.

• Encuentra expedientes.
• Encuentra acoso.
• Encuentra soledad.
• Encuentra campañas mediáticas.
• Encuentra carreras truncadas.
• Encuentra puertas que se cierran.
• Y, de vez en cuando, encuentra una sentencia muchos años después diciendo que sí, que quizá tenía razón.
• Por eso estos nombres importan.

No porque sean santos. Sino porque recuerdan que la corrupción no se combate solo con grandes discursos, sino con gente concreta que un día decide grabar, denunciar, investigar, declarar o no firmar un papel falso.

Y casi siempre paga la factura.

Viñeta de Antoroz, sobre la prioridad nacional ...

El actor estadounidense Irving Rameses -quien es mejor conocido como Ving Rhames- fue hospitalizado de emergencia después de que se desmayó en un restaurante situado en Los Ángeles, California, EE.UU. El actor de la saga “Misión imposible” estaba comiendo con su familia cuando de momento se habría sentido mal. Como consecuencia, se desplomó en la mesa y tanto su familia como el personal del lugar llamaron al 911.

Hola a todos,

Se ha notado que las IA como ChatGPT y Gemini, entre otras, mezclan datos objetivos con filtros de "seguridad" que corresponden al discurso de relaciones públicas de las empresas.

He redactado una propuesta técnica para que la Unión Europea fuerce un cambio en la interfaz (UX) de estas herramientas. El objetivo no es prohibir los sesgos, sino obligarles a etiquetarlos.

La propuesta: El Etiquetado de Procedencia del Discurso

La idea es que la IA use etiquetas claras por párrafo para saber desde dónde habla:

• 🏷️ [DATOS]: Hechos objetivos, leyes, ciencia o sucesos documentados.
• 🏢 [POSTURA]: Cuando la IA aplica el filtro de "quedar bien" o de seguridad corporativa.

Ejemplos:

1. Sobre Privacidad:

• 🏷️ [DATOS]: Técnicamente, las apps pueden acceder al micrófono y existen patentes para analizar palabras clave con fines publicitarios.
• 🏢 [POSTURA]: Nuestras políticas prohíben el uso de grabaciones; tu privacidad es nuestra prioridad absoluta.

1. Sobre Derechos Laborales:

• 🏷️ [DATOS]: La directiva de la UE establece que si tienes horario fijo y dependencia, eres empleado de plantilla y no falso autónomo.
• 🏢 [POSTURA]: El modelo de economía colaborativa ofrece una flexibilidad maravillosa para que seas tu propio jefe.

1. Sobre Transparencia (Caso SMS de la Comisión):

• 🏷️ [DATOS]: La Defensora del Pueblo Europeo calificó de "mala administración" la opacidad en los SMS de los contratos de vacunas.
• 🏢 [POSTURA]: La Comisión está comprometida con la transparencia, protegiendo la confidencialidad comercial en crisis.

¿Qué se busca aquí?

Primero, validar la idea. ¿Es útil o una batalla perdida?

Segundo, si la propuesta es aceptada, se buscaría moverla como una Iniciativa Ciudadana Europea. La ley exige un comité de 7 ciudadanos que residan en 7 países diferentes de la UE. Se buscaría a 6 personas que vivan fuera (Alemania, Irlanda, Francia, Bélgica, etc.) para registrar esto oficialmente en Bruselas. No hace falta ser ninguna asociación, solo ciudadanos con ganas.

He basado los argumentos legales en el Reglamento de IA (2024/1689), que es la nueva biblia europea para estos temas. Si alguien quiere ver el borrador, que me lo diga.

Gracias por leer y por vuestras críticas. Me quedo por los comentarios para debatir y ver si alguien más se anima con el registro fuera de España.

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, atiende en 15 días al doble de víctimas que han acudido en un año al PRIVA, la unidad eclesiástica