1- Cualquier percepción de dinero público sin contraprestación que reciba alguien que no sea yo será considerada una paguita.

El hecho de dar esas paguitas es profundamente antipatriótico y corrupto.

Su existencia es una conspiración para perjudicarme.

2- Cualquier percepción de dinero público sin contraprestación que reciba yo será considerada una subvención, prestación o ayuda.

El hecho de no darme esa prestación es profundamente antipatriótico y corrupto.

Su ausencia es una conspiración para perjudicarme.

#teahorrounprompt

Yo, como el juez García-Castellón, también os amenazo: seguiré poniendo estos artículos mientras los sigáis leyendo. Que me lleva cinco minutos.

García-Castellón se ha mostrado muy ofendido con quienes hablan de lawfare o prevaricación judicial. De hecho, llegó a decir que si alguien cree que un juez prevarica, que presente denuncia. Como no queremos disgustar al magistrado jubilado, vamos a hacer otra cosa: no decir que prevaricó, sino imaginar qué decisiones alternativas habría podido tomar para que ningún malpensado dudase jamás de su imparcialidad.

García-Castellón se hizo fama de azote de algunos poderosos en su primera etapa en la Audiencia Nacional, con casos como Banesto o Jesús Gil. Después pasó muchos años como juez de enlace en Francia e Italia y regresó en 2017 al Juzgado Central de Instrucción número 6 para heredar algunas de las causas más sensibles de la política española: Lezo, Púnica, Villarejo, Kitchen, Dina, Podemos y Tsunami Democràtic.

Prompt:

Actúa como asesor legal de apariencia de imparcialidad judicial. Analiza las decisiones más polémicas del juez Manuel García-Castellón en causas políticamente sensibles. Para cada caso, no afirmes que haya cometido delito alguno. Indica únicamente qué decisión tomó y qué alternativa procesal, perfectamente legalista, garantista y prudente, habría podido adoptar para que ningún ciudadano escéptico dudase de su voluntad de buscar la verdad caiga quien caiga.

Y el resultado es bastante didáctico.

Lezo: volver, aterrizar y rebajar una fianza

Decisión polémica:

• En 2017 García-Castellón vuelve a la Audiencia Nacional y hereda Lezo, una causa que afectaba al PP madrileño. Poco después rebaja de cuatro millones a 200.000 euros la fianza del hermano de Ignacio González.
• Técnicamente puede tener explicación: tiempo en prisión, circunstancias personales, criterios cautelares, proporcionalidad. Perfecto.
• El problema es la apariencia. Estamos en una causa sobre una red de corrupción vinculada al PP madrileño, con sospechas sobre adjudicaciones, mordidas, comisiones y estructuras de poder. Y una de las primeras imágenes que recibe el ciudadano es la de una fianza reducida de forma espectacular a un familiar directo del expresidente investigado.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Mantener una posición especialmente prudente durante más tiempo, intensificar registros, comunicaciones, documentación societaria y rastreo patrimonial antes de suavizar medidas cautelares tan visibles.
• No hacía falta condenar a nadie de antemano. Bastaba con no inaugurar la nueva etapa mandando el mensaje de que la causa entraba en modo descompresión.

Púnica: Esperanza Aguirre no sabía nada, al parecer

Decisión polémica:

• En Púnica se investigó la presunta financiación irregular del PP de Madrid. García-Castellón llegó a imputar a Esperanza Aguirre, pero después archivó su causa porque no se acreditó que conociera la financiación irregular de campañas o el desvío de dinero público para promocionar su imagen.
• Formalmente impecable: si no hay prueba suficiente, archivo.
• El detalle simpático es que hablamos de Esperanza Aguirre, una dirigente que gobernaba el PP madrileño con una autoridad casi monárquica. La tesis resultante viene a ser que el PP de Madrid podía organizar campañas, adjudicaciones, reputación online y financiación irregular mientras su jefa política no se enteraba de nada.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• No creerse tan deprisa el “yo no sabía nada”. Agotar agendas, correos, teléfonos, testigos internos, proveedores, asesores de campaña, responsables de comunicación y circuitos de aprobación política.
• No para condenarla. Para poder decir: “hemos mirado hasta debajo de la alfombra antes de aceptar que la presidenta no sabía qué alfombra estaba pisando”.

Caso Dina: investigar a las víctimas, siempre una opción creativa

Decisión polémica:

• El caso Dina nace del robo del móvil de Dina Bousselham y de la aparición de su contenido en manos de Villarejo. Es decir, una pieza que, en principio, parecía ir de cloacas, robo de información y guerra sucia.
• Sin embargo, la investigación acabó girando hacia Pablo Iglesias. El Supremo rechazó imputarlo al no ver indicios suficientes.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Investigar primero a los malhechores antes que a las víctimas.
• Si un móvil robado acaba en el ecosistema de Villarejo, quizá el orden natural de las preguntas era:
• ¿quién robó el móvil?
• ¿quién movió la información?
• ¿quién la filtró?
• ¿quién la usó políticamente?
• ¿quién se benefició de su difusión?
• Y solo después, si sobraba tiempo y pruebas, ponerse creativo con la víctima política de la operación.

Podemos y la financiación venezolana: cuando la imaginación viaja mejor que las pruebas

Decisión polémica:

• García-Castellón impulsó investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal. La Sala Penal acabó ordenando el archivo de una investigación calificada como prospectiva.
• En castellano no jurídico: ir a ver si se encuentra algo, a ver si suena la flauta, a ver si Venezuela, Podemos, Irán, Monedero y el chavismo terminan encajando en algún PowerPoint judicial.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Exigir indicios sólidos antes de abrir una investigación secreta de enorme impacto político contra un partido.
• La imaginación está muy bien para Netflix. Para instruir causas penales, mejor pruebas, competencia y límites.

Kitchen: los audios de Villarejo y la “libretita” de Bárcenas

Decisión polémica:

• En Kitchen, García-Castellón imputó a Cospedal y a su marido, pero después rechazó volver a imputarla pese a los nuevos audios de Villarejo sobre la “libretita” de Bárcenas y pese al criterio de Anticorrupción.
• El asunto tiene gracia procesal: si Kitchen trata de una operación parapolicial para robar o destruir pruebas sobre la caja B del PP, unos audios donde se habla de la libreta de Bárcenas, Cospedal, Villarejo y el entorno de Rajoy parecen, como mínimo, dignos de muchísimo cariño instructor.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Exprimir esos audios hasta el último segundo.
• Pedir transcripciones completas, cotejar fechas, cruzar llamadas, citar a quienes aparecían mencionados, reconstruir reuniones, agendas, intermediarios y consecuencias.
• No hacía falta mandar a nadie a galeras. Bastaba con actuar como si unos audios sobre la “libretita” de Bárcenas fueran relevantes en un caso sobre el robo de pruebas de Bárcenas.

Kitchen otra vez: no subir demasiado alto

Decisión polémica:

• La causa Kitchen terminó centrada sobre todo en Interior, policías y mandos concretos. La parte política superior quedó mucho más desdibujada. Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santamaría o Arenas han acabado desfilando como testigos, no como acusados.
• Trece años después de los hechos, el país escucha “no lo sé”, “no me consta”, “no recuerdo” y “no tenía conocimiento”.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Tratar Kitchen como lo que aparentemente era: una operación de Estado para proteger a un partido del Gobierno.
• Eso exigía reconstruir no solo quién pagó al chófer de Bárcenas o quién habló con Villarejo, sino quién tenía interés político en destruir o recuperar esos papeles, quién se beneficiaba de la operación y quién estaba en condiciones de ordenar, conocer o consentir aquello.
• La pregunta no era solo “qué hizo la policía”. Era también “para quién trabajaba la policía”.

Tsunami Democràtic: terrorismo primero, plazos después

Decisión polémica:

• En Tsunami Democràtic, García-Castellón dirigió la causa hacia el terrorismo y señaló a Puigdemont y otros investigados. Después la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la instrucción por estar fuera de plazo y la causa acabó archivada.
• Aquí el resumen es precioso: terrorismo sí, pero plazo procesal no.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Esperar a que Puigdemont cometiera algo razonablemente parecido a terrorismo antes de tratarlo como terrorismo.
• Y, ya puestos, cumplir los plazos procesales. Es una manía muy formalista, pero los plazos legales tienen esa costumbre molesta de llamarse legales.

Jubilación y demanda por honor: no me llames prevaricador

Decisión polémica:

• Ya jubilado, García-Castellón demandó a Ione Belarra por llamarle “corrupto” y “prevaricador”. También ha defendido que quien crea que un juez prevarica debe denunciarlo.
• Correcto. Un juez tiene derecho al honor. Incluso un juez cuyas decisiones han provocado sospechas políticas durante años.

Decisión alternativa perfectamente legalista:

• Aceptar que en democracia la crítica a los jueces existe, especialmente cuando han instruido causas de enorme impacto político.
• Una cosa es proteger el honor. Otra, convertir cualquier crítica dura a la actuación judicial en sacrilegio institucional.

Conclusión

• No hace falta decir que García-Castellón prevaricó. No hace falta llamarle corrupto. No hace falta afirmar que cometió delito alguno.
• Basta con mirar la secuencia.
• Con Lezo y Púnica, prudencia hacia arriba.
• Con Kitchen, límites para subir demasiado.
• Con Dina y Podemos, creatividad expansiva.
• Con Tsunami, terrorismo hasta que los plazos dijeron basta.

El problema no es que todas esas decisiones sean necesariamente ilegales. El problema es que, vistas juntas, obligan a una pregunta muy sencilla:

¿Qué habría pasado si García-Castellón hubiera aplicado siempre la misma intensidad investigadora, el mismo escepticismo y la misma prudencia, afectara el caso al PP, a Podemos o al independentismo?

Porque algunos jueces no necesitan ser prevaricadores para que sus decisiones parezcan escritas por un guionista con demasiada militancia ambiental.

No le llamaré prevaricador.

Le llamaré juez.

Y en España, a veces, eso ya dice bastante.

Estos días vi rulando por Instagram un vídeo de una petarda muy enfadada porque decía que tenía que pagar a hacienda un 40%. Que si ladrones, que si vivir del cuento, que si no sé qué. Un 40%, así, redondo. Un 40% de vete a saber cuánto y de qué conceptos. Antes que el vídeo original vi los típicos de reacciones, y por lo visto la niñata es una rentista.

Uno de los comentarios era del clásico autónomo cuñao -fitness coach según su perfil- diciendo que los autónomos son esclavos del trabajo, que tienen que pagar no sé cuánto para malvivir y que otros vivan de ayudas. Le respondí que si tanto sufre, que deje el negocio y que pida esas ayudas. Por lo visto para él mi respuesta fue mediocre. Un latinoamericano que de todos los países prósperos y libres a los que podía haber ido, eligió este infierno que es España.

Hoy vi por LinkedIn al típico que te ayuda a mejorar tu marca personal con un post que pretende ser graciosete diciendo que Hacienda te quita la mitad de lo que ganas (o facturas, pretendía decir una cosa pero ni él mismo se aclaró).

A nadie le gusta pagar impuestos, yo no los pago con alegría. A veces me encabrono viendo como algunos despilfarran en gilipolleces el dinero recaudado, no digamos ya robándolo. Hace unos cuantos años ya, una familiar mía pilló cáncer. Le ponían unas inyecciones que decía que costaban 300 euros cada una, no sé cuántas le tuvieron que poner. Eso aparte de otros tratamientos, cirugías y estancia prolongada en el hospital. Evidentemente no pagó un duro y no tuvo que hacerse narcotraficante. Le dieron la incapacidad permanente y una pensión. Ahí sigue dando guerra bastantes años después.