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Una democracia se caracteriza por respetar y hacer respetar la ley. Esto es lo que ha hecho, con la sentencia publicada ayer, el Tribunal Supremo: defender nuestro sistema de libertades frente a aquellos que, ya por demasiado tiempo, han atacado activa y pasivamente el marco de convivencia más exitoso de la historia de España.
La ilegalización de Podemos y sus satélites despertará, a buen seguro, la indignación en las filas populistas y en las redes sociales, terreno abonado para la demagogia y la simplificación fácil. Sin embargo la cuestión es mucho más sencilla de lo que parece: tal y como prueba la contundente sentencia del Supremo la agrupación dirigida hasta ayer por Pablo Iglesias Turrión y sus acólitos ha tenido un único fin desde su surgimiento: al calor de la crisis y los desgarros por esta producida el partido morado ha pretendido, de forma clara, el desmembramiento de España y la sustitución de nuestro marco democrático por otro de corte populista de inspiración bolivariana, como desde estas páginas hemos tenido la valentía de denunciar durante los últimos años.
La ilegalización de un partido político nunca es una decisión cómoda. No obstante, como quedó sobradamente demostrado con la derrota de la banda terrorista ETA, es imperativo cerrar los espacios institucionales a aquellas agrupaciones que tienen como objetivo derribar dicha institucionalidad. Es de agradecer, por lo tanto, la decisión mostrada por el gobierno de España y por su presidente Mariano Rajoy tras las elecciones de junio de 2018 que supo ver el peligro para la convivencia representado por el partido ahora disuelto.
Como bien indica la sentencia publicada ayer Podemos acogió, de facto, las revindicaciones de las a su vez ilegalizadas ERC y PdCAT. No ha reconocido la validez de la victoria electoral que llevó a la Presidencia de la Generalitat a Inés Arrimadas, alterando la ansiada estabilidad política en Cataluña que tanto ha costado conseguir y ha vejado durante demasiado tiempo la dignidad del Congreso de los Diputados con una sucesión de patochadas que, si no fuera por "el evidente fin de subvertir el marco constitucional", citando al TS, resultarían ridículas.
Toca ahora al ministerio del Interior dirigido por Jose Carlos Girauta garantizar que los promotores de Podemos sean llevados ante la Justicia para responder a las graves acusaciones ya planteadas por la Fiscalía General del Estado. Asimismo, cabe aplaudir la madurez democrática del PSOE que, con su apoyo al gobierno, reafirma su compromiso con el imperio de la Ley. La responsabilidad socialista es doble ya que ahora deberá acoger de vuelta a centenares de miles de votantes del disuelto partido que, sin duda, optarán por la Constitución y la legalidad en el futuro.
Con la necesaria desaparición de Podemos se cierra un amargo capítulo, tal vez el más dificil, de nuestra historia democrática abriéndose un panorama de estabilidad que, estamos seguros, nos llevará de nuevo a reeditar el periodo de prosperidad más largo de la historia de España de la mano de la Constitución y de la legalidad vigente.
