El dilema es político y ético. ¿Debe el Estado proteger el derecho constitucional a una vivienda digna o resignarse a que el mercado la trate como un bien de lujo? No se trata de expropiar, sino de recuperar el control sobre un bien esencial que condiciona la vida. Cada casa vacía es un símbolo de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. Y cada familia sin hogar recuerda que el problema no es la falta de viviendas, sino la falta de voluntad política para ponerlas al servicio de la gente.
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