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Ante la incredulidad de muchos meneantes que han visto a la UCO reconstruir hasta el último piso, mensaje, viaje, pago y relación personal de Ábalos, pero siguen esperando una precisión parecida con el dinero del novio de Ayuso o las cuentas de Montoro, he creado un prompt para entender el fenómeno:
Actúa como cronista judicial español. Compara la velocidad, intensidad y lenguaje de la UCO cuando investiga casos que afectan al PSOE, al Gobierno o al fiscal general del Estado, frente a casos que afectan al entorno del PP. No afirmes conspiraciones. Limítate a poner juntos los cronómetros, las frases y las cuentas bancarias.
Y el resultado es bastante didáctico.
En el caso Ábalos-Koldo-Aldama, el teniente coronel Antonio Balas, jefe de Delitos Económicos de la UCO, no se limita a decir que hay indicios. Construye relato. Dice que Aldama pagaba, que “el que paga manda”, pero que sin Ábalos “no habría sido posible”. También lo presenta como “miembro cualificado” y figura clave para abrir puertas en la Administración.
Aquí la UCO sabe quién paga, quién manda, quién consigue, quién abre puertas y hasta qué papel sentimental o doméstico juegan determinados pisos. En concreto, se ha informado del pago de 88.000 euros por el piso disfrutado por Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos.
Cuando el foco está en Ábalos, la investigación parece una novela realista: personajes, jerarquía, pisos, frases, pagos, acompañantes, WhatsApps y moraleja.
Luego está Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según las informaciones publicadas, cobró 1.973.000 euros de FCS Select por intermediar en la compra de material sanitario durante la pandemia, a través de Maxwell Cremona.
También se ha publicado que Ayuso y González Amador viven o han vivido en una vivienda de alrededor de un millón de euros, comprada después del fraude fiscal investigado.
Y aquí viene el contraste: por 88.000 euros de un piso vinculado a Ábalos tenemos narrativa, intención, jerarquía y psicología criminal. Por casi dos millones de euros en comisiones pandémicas y una casa de lujo donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, el sistema parece necesitar más tiempo, más prudencia y más siestas procesales.
La UCO fue encargada de investigar el posible origen ilícito del patrimonio de González Amador, y la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado su intento de impedir que la unidad informe sobre ese patrimonio.
Es decir: la investigación existe. Lo curioso es el volumen del altavoz.
El caso del fiscal general del Estado es la obra maestra de la unidireccionalidad.
La Fiscalía investiga el fraude fiscal de González Amador. La defensa del novio de Ayuso había ofrecido reconocer dos delitos fiscales para alcanzar un pacto. Después estalla la batalla mediática por los correos. Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, admitió haber difundido un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña.
Pero el condenado acaba siendo Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos. El Supremo lo condenó a dos años de inhabilitación, multa e indemnización a González Amador.
La UCO registró, analizó y pidió datos a Google y WhatsApp. ¿Resultado? No encontró información inédita de interés en esos datos.
Resumen para niños:
si el fiscal general intenta desmontar el relato construido alrededor del novio de Ayuso, acaba condenado.
si Miguel Ángel Rodríguez difunde correos y habla de “órdenes de arriba” como deducción o intuición, el tren judicial no parece coger la misma velocidad.
Leire Díez es el espejo perfecto.
Según las informaciones publicadas, fue imputada por supuestas maniobras para obtener información comprometedora sobre mandos de la UCO y fiscales. Entre esos nombres aparecía Antonio Balas.
La idea es maravillosa en términos institucionales:
si buscas corrupción o trapos sucios contra Balas, acabas investigada.
si la Fiscalía busca el fraude fiscal del novio de Ayuso, acaba condenado el fiscal general.
si la UCO investiga a Ábalos, tenemos relato completo.
si hay que seguir el dinero de Montoro, entramos en modo niebla.
No hace falta decir que todo sea una conspiración. Basta con observar hacia dónde corren los procedimientos y hacia dónde caminan.
El caso Montoro es el mejor ejemplo de cómo el entusiasmo investigador puede sufrir bajadas de azúcar.
La Fiscalía Anticorrupción investiga presuntos favores fiscales vinculados al exministro Cristóbal Montoro y a su antiguo despacho, Equipo Económico. La causa incluye posibles delitos graves de corrupción, tráfico de influencias y fraude a la Administración.
Pero cuando tocaba analizar cuentas, la fiscal del caso reprochó que el informe de la UCO tenía un “alcance reducido”: solo analizaba 10 cuentas de entre más de 200 entregadas. La frase de la fiscal es bastante clara: “Ninguna conclusión puede extraerse del mismo”.
Para Ábalos: mensajes, pisos, pagos, acompañantes, relaciones y relato completo.
Para Montoro: 10 cuentas de más de 200 y ya si eso vamos viendo.
No hace falta afirmar que la UCO actúa por encargo político. Tampoco hace falta decir que todos los jueces, fiscales o guardias civiles participan en una conspiración.
Basta con mirar la dirección del tráfico.
Cuando el caso mira hacia el PSOE, el Gobierno o el fiscal general, la unidad de Antonio Balas encuentra frases, móviles, registros, relatos, cronologías, pisos y hasta psicología de los acusados.
Cuando el caso mira hacia el novio de Ayuso o hacia Montoro, aparecen la prudencia, los tiempos largos, los informes de alcance reducido y las cuentas bancarias que, misteriosamente, se vuelven más difíciles de mirar.
En España la justicia no siempre es lenta.
A veces solo va en una dirección.
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