La ausencia de leyes rápidas y eficaces contra la ocupación ilegal está frenando la inversión inmobiliaria de grandes patrimonios extranjeros en España. Inversores de Latinoamérica y Europa consideran la ocupación una amenaza real y exigen garantías de desalojo ágil. Aunque la inversión continúa, especialmente desde México, cada vez menos optan por la residencia fiscal debido al impuesto a las grandes fortunas. Los procesos judiciales por ocupación pueden alargarse hasta 14 meses, lo que incrementa la percepción de inseguridad jurídica.