(c&p) Cuando parecía que del mal íbamos a salvar lo mínimo, el derecho a que sea un juez el que determine si hay o no delito, y el PSOE parecía avenirse a razones, un tal Mario Armero, presidente de General Electric en España, se ha estado moviendo de despacho en despacho, intentando convencer, al político de turno, que no basta con la justicia ordinaria cuando se trata del atroz crimen de perjudicar a las productoras cinematográficas.