El máximo tribunal del país centroamericano considera que España no tiene jurisdicción para procesarles. En cuanto se conoció el fallo del Constitucional, grupos indígenas y organizaciones de la sociedad civil lanzaron duras críticas contra el fallo que beneficia a los militares en situación de retiro vinculados al genocidio ocurrido en Guatemala en la década de los ochenta, según informa el diario local 'Prensa libre'.
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