El Tribunal Supremo ha confirmado el decreto que Álvaro García Ortiz firmó en diciembre del año pasado, como fiscal general del Estado, con el que impuso una sanción de 800 euros a una fiscal por la comisión de una infracción disciplinaria grave, consistente en la revelación de datos conocidos en ejercicio de su función, por haber facilitado un borrador de sentencia a un medio de comunicación. Después se lo filtró a 'El País', al margen del cauce regulado por las instrucciones internas de la Fiscalía de Barcelona, donde tenía destino y ejercía.
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No es un superior de MAR.
El Supremo considera que el ex fiscal general "o alguien de su entorno" filtraron la confesión de la pareja de Ayuso www.meneame.net/m/actualidad/supremo-considera-ex-fiscal-general-algui
Desgraciadamente, se usa el mismo tipo de estupidez para juzgar los hechos en política.
¿Que se condena a un fiscal general sin pruebas?
"Jaja, te jodes que hemos ganao"
Y así nos va.
¡Penalty pal Madrí!