Los presuntos autores destinaban parte del dinero obtenido de las estafas, junto con una fracción de las prestaciones sociales que percibían -Renta de Garantía de Ingresos e Ingreso Mínimo Vital-, a inversiones en criptomonedas valoradas en más de 55.000 euros. La Guardia Civil cifra en más de 560.000 euros las prestaciones sociales percibidas de manera indebida. El grupo criminal, asentado en Bizkaia, publicaba anuncios de venta o adopción de animales y exigía a sus víctimas desembolsos progresivos con diversos pretextos: vacunas, transporte,
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