La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado un informe al Tribunal Supremo en el que certifica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él. Ese cambio de terminal se produjo, además, una semana antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal general para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, una diligencia que tuvo lugar el 30 de octubre.