Dice el artículo 155 de la Constitución:

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Pretender destituir a un Gobierno con base en el anterior precepto, me parece una aberración jurídica. El artículo deja absolutamente claro que el Gobierno puede imponer "medidas" que SERÁN EJECUTADAS por las autoridades autonómicas. Por tanto, NO PUEDE DESTITUIR a esas autoridades porque el precepto SÓLO LE HABILITA A DARLES INSTRUCCIONES VINCULANTES.

Si, en aplicación del 155, el Gobierno da una instrucción a la institución autonómica y ésta la desobedece, es cierto que podrían tomarse medidas legales contra ella. Pero lo que no puede hacer es suplantarla y asumir sus funciones, porque la norma lo excluye expresamente al delimitar las potestades del Gobierno y LIMITARLAS A DAR INSTRUCCIONES.

A todo lo anterior debe añadirse que cualquier norma que pudiera incidir en el ejercicio de derechos fundamentales como el de participación política, debe interpretarse de un modo restrictivo y nunca expansivo, es decir, interpretándola conforme a su tenor literal y sin permitir jamás ejercicio de potestades que restrinjan tales derechos si no están recogidas de forma clara y evidente.

Añadimos a la sinrazón política el atropello jurídico. Suma y sigue...y vivan las caenas.

Sólo hay una cosa más humillante para los catalanes que la suspensión del autogobierno en sí. Y es que van a ser gobernados por el penúltimo partido del parlamento en numero de votos.

Luego está lo de intervenir TV3. Tal vez piensen que poniendo un Urdaci al frente, lograrán generar un volumen de propaganda suficiente para que Arrimadas sea presidenta. Es una idea tan ingenua como mezquina.

Tener al frente de las instituciones a trileros que tapan sus miserias con banderas, lleva a desastre como este. Cataluña ha estado gobernada en los últimos años por un partido genuinamente corrupto. España también. Cataluña ha sufrido los mismos males que el resto del país por parte de quienes la gobernaban. Pujol y su delfín Más, Aznar y su delfín Rajoy, expoliaban sus respectivos territorios tras compartir comilonas con el Borbon padre. 

Si fuesen los pueblos, y no la morralla que los dirige, quienes se hablasen de tú a tú, lograrían encontrar juntos las soluciones a sus problemas comunes y, a la vez, construir un sistema de convivencia donde todos cupiesen. Pero, desde siempre, los malos gobiernos se han sentido encantados cuando los ciudadanos percibían como amenazas o enemigos a personas igual que ellos. Mientras esto sucede, no se dan cuenta de quienes son sus auténticos verdugos.

Una vez pasado el plazo de lectura, abro este hilo para que podamos comentar y opinar entre todos sobre el libro.

Gracias por vuestras aportaciones :)

Adoctrinar es aislar una mente imponiéndole un discurso ideológico sin dejarle espacio para que pueda contrastarlo con otros. Es un mal muy común: aparte de los colegios del Opus (que son su máximo exponente) hay muchos otros centros de enseñanza donde se plantea a los alumnos como verdad absoluta un determinado punto de vista, sin permitirles compararlo con los demás.

Los mismos que acusan al Gobierno catalán de adoctrinamiento en las aulas, están encantados de que en los colegios se presente la salvajada de los toros como un orgullo nacional, al Borbon padre como un prohombre de moralidad intachable que nos salvó del 23F, a España como el país más grandioso del mundo y al Ejército como una institución heroica y que jamás ha violado los Derechos Humanos.

La solución no es prohibir que se diga eso en las aulas, ni tampoco impedir que se afirme lo contrario. La solución está en ofrecer todos los puntos de vista en pie de igualdad para que se debatan, se analicen y cada alumno aprenda a formarse su propio punto de vista.

Pero los que acusan al Gobierno catalán de adoctrinar (que reconozco que en algunas cosas lo hace) financian a colegios del Opus donde la imposición del pensamiento único es total, y están encantados de que en los colegios públicos se haga apología de la España más rancia sin dar espacio a quienes la cuestionan. Pero claro, no lo consideran adoctrinamiento porque no es lo mismo decir que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación que afirmar la indisoluble unidad de España. Lo uno son falacias subversivas, y lo otro es una verdad universal.

Como decía un gran periodista, "si todos piensan lo mismo es que ninguno está pensando". Y hay demasiados centros de poder interesados en que no pensemos. La mejor forma para lograrlo es no enseñarnos a pensar.

Una democracia se caracteriza por respetar y hacer respetar la ley. Esto es lo que ha hecho, con la sentencia publicada ayer, el Tribunal Supremo: defender nuestro sistema de libertades frente a aquellos que, ya por demasiado tiempo, han atacado activa y pasivamente el marco de convivencia más exitoso de la historia de España.

La ilegalización de Podemos y sus satélites despertará, a buen seguro, la indignación en las filas populistas y en las redes sociales, terreno abonado para la demagogia y la simplificación fácil. Sin embargo la cuestión es mucho más sencilla de lo que parece: tal y como prueba la contundente sentencia del Supremo la agrupación dirigida hasta ayer por Pablo Iglesias Turrión y sus acólitos ha tenido un único fin desde su surgimiento: al calor de la crisis y los desgarros por esta producida el partido morado ha pretendido, de forma clara, el desmembramiento de España y la sustitución de nuestro marco democrático por otro de corte populista de inspiración bolivariana, como desde estas páginas hemos tenido la valentía de denunciar durante los últimos años.

La ilegalización de un partido político nunca es una decisión cómoda. No obstante, como quedó sobradamente demostrado con la derrota de la banda terrorista ETA, es imperativo cerrar los espacios institucionales a aquellas agrupaciones que tienen como objetivo derribar dicha institucionalidad. Es de agradecer, por lo tanto, la decisión mostrada por el gobierno de España y por su presidente Mariano Rajoy tras las elecciones de junio de 2018 que supo ver el peligro para la convivencia representado por el partido ahora disuelto.

Como bien indica la sentencia publicada ayer Podemos acogió, de facto, las revindicaciones de las a su vez ilegalizadas ERC y PdCAT. No ha reconocido la validez de la victoria electoral que llevó a la Presidencia de la Generalitat a Inés Arrimadas, alterando la ansiada estabilidad política en Cataluña que tanto ha costado conseguir y ha vejado durante demasiado tiempo la dignidad del Congreso de los Diputados con una sucesión de patochadas que, si no fuera por "el evidente fin de subvertir el marco constitucional", citando al TS, resultarían ridículas.

Toca ahora al ministerio del Interior dirigido por Jose Carlos Girauta garantizar que los promotores de Podemos sean llevados ante la Justicia para responder a las graves acusaciones ya planteadas por la Fiscalía General del Estado. Asimismo, cabe aplaudir la madurez democrática del PSOE que, con su apoyo al gobierno, reafirma su compromiso con el imperio de la Ley. La responsabilidad socialista es doble ya que ahora deberá acoger de vuelta a centenares de miles de votantes del disuelto partido que, sin duda, optarán por la Constitución y la legalidad en el futuro.

Con la necesaria desaparición de Podemos se cierra un amargo capítulo, tal vez el más dificil, de nuestra historia democrática abriéndose un panorama de estabilidad que, estamos seguros, nos llevará de nuevo a reeditar el periodo de prosperidad más largo de la historia de España de la mano de la Constitución y de la legalidad vigente.