La sentencia exige que exista una orden judicial para entrar en centros de trabajo cuando coincida con el domicilio social de las compañías, algo muy frecuente en pymes, un veredicto que ha levantado en contra a los sindicatos de la Inspección. Los dos principales sindicatos profesionales de la Inspección han rechazado la valoración del Supremo, que critican por su “calidad jurídica” y por extralimitarse en sus funciones, actuando como si fuera el “legislador”.
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No es justicia, es inquisición.
Aunque eso solo debería aplicar a inspecciones "aleatorias" si hay una denuncia de un trabajador no veo el inconveniente en que se realice una inspección sorpresa para ver si la denuncia es fundada.