La sentencia permite conocer los argumentos de los magistrados para rechazar una indemnización que consideran "exagerada" (y que de ser aceptada por el tribunal tendría que haber asumido íntegramente el ex fiscal general, puesto que el empresario renunció a reclamar la responsabilidad civil subsidiaria del Estado) y limitarla a esos diez mil euros.Y es que considera que esos daños morales -que se le identificara, incluso desde el Gobierno, como un defraudador confeso- no son achacables solo a la actuación de García Ortiz
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Y sobre todo cuando se condena sin pruebas.
En su momento el Constitucional anulará ese despropósito y ordenará repetir el juicio con otro tribunal. Pero el efecto deseado ya se ha conseguido.