Los cargos públicos de las administraciones andaluzas que no suministren información a los ciudadanos o entidades que la reclamen debidamente, que la entreguen con un retraso injustificado o que no cumplan con los criterios de veracidad obligados ya no tendrán que pagar multas de su bolsillo como sucedía hasta ahora. Así lo recogerá un cambio normativo que se hará efectivo el próximo mes de enero cuando se cambie la Ley de Transparencia vigente.
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Por cierto: Hay otro cambio sustancial en la reforma que impulsa el PP y que entrará en vigor en enero ya que recorta las potestades del director del Consejo de la Transparencia, un cargo que elige el Parlamento de Andalucía por mayoría absoluta. Hasta ahora, el director de este órgano, que es el encargado de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública, podía incoar expedientes disciplinarios y sancionadores, potestad que ahora se elimina; pasa de nuevo al procedimiento administrativo general.