El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo el Real Decreto 8/2026, que permite la prórroga de alquileres durante dos años. Sabedores de la falta de apoyo en el Congreso de los Diputados (PP, Vox y Junts están en contra), los propios ministros han instado a recurrir al mecanismo antes de que decaiga la ley, defendiendo que sus efectos no podrán borrarse a posteriori. Los inquilinos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han hecho lo propio y el mismo Ejecutivo impulsor de la medida les ha denegado la aplicación.
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