Según la ley, en el Comité Clínico para la interrupción voluntaria del embarazo no puede haber médicos que estén en un registro de objetores. Y lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, según denuncia Lorena Morales del PSOE, es aprovechar para renovarlo antes de que les obliguen a crear el registro: "Ayuso ha renovado su comité clínico antes de que la ley obligara a tener el registro de objetores y de nuevo tres hombres para decidir sobre la vida de cientos de madrileñas"
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Por otro lado, aunque el registro no exista, si YA actualmente son objetores (y esto se sabe sabiendo cuántos abortos han hecho, lo que debe existir un registro) también debe ser ilegal.
La objeción de conciencia debería de estar prohibida en funcionarios públicos. Los que quieran imponer su moral, contraria a la ley, que se vayan a la privada.
Por el tono, suena un poco a discriminación por razón de sexo, porque suena a que por el mero hecho de ser hombres están menos preparados, pero bueno, dejando a un lado eso, suponer que tres mujeres "decidiendo sobre la vida de cientos de madrileñas" sería mejor es mucho suponer. Como si no hubiera pocas mujeres meapilas incluidas pero no limitadas a médicos.