Vicente Caturla, secretario territorial adjunto de Vivienda de la Generalitat Valenciana, afirma que la administración no tiene "capacidad de verificar si la información que se les entrega es correcta o no".
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Ahora estamos ante un decreto, QUE SÍ LO PUEDE APROBAR el presidente autonómico por si mismo, para esquivar controles administrativos y que ha resultado en unas adjudicaciones fraudulentas, así que supongo que IMPUTARÁN a Mazón, ¿verdad?.
Ni un solo piso en vpo en propiedad. Solo alquiler público. Lamentablemente la corrupción en este tema no es exclusiva del PP