La operación ha sacado a la luz lo que los investigadores consideran una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas en el transporte terrestre internacional. Se trata de un sistema articulado desde el interior de algunas compañías privadas de autobuses, donde conductores y personal auxiliar utilizaban su acceso y capacidad de control sobre el pasaje para introducir en territorio español, o trasladar hacia Francia, a migrantes sin autorización de entrada. Se estima que los beneficios anuales podrían alcanzar los 50.000 euros por conductor.
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No se arriesgan por 20 euros.
Creo que es lo que entienden en VOX por inmigración regulada... a lo USANO, si pagas, hay papeles.