Primero, porque dice haber expresado su rechazo al método empleado durante una reunión de octubre de 2021 con otros cargos de la Consejería de Educación. Segundo, porque respalda su versión con un email enviado en diciembre de ese año en el que reclama aplicar la ley de contratos del sector público (“[De lo contrario] manifiesto mi total oposición”, sentenció). Y tercero, porque uno de los receptores de ese correo, y uno de los asistentes a la reunión, dice, es un alto cargo del gobierno de Ayuso, José María Rodríguez.
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