La empresa había registrado el edificio con un solo número en el Registro de la Propiedad para eludir la ley, que obliga a los propietarios de cinco o más pisos a ofrecer mediación o un alquiler social a los inquilinos antes de poder desalojarlos.
Los vecinos del edificio han denunciado al fondo porque consideran que las obras que se están realizando son una gran rehabilitación y, por lo tanto, la propiedad debería reservar un 30% de los pisos para vivienda protegida. Los servicios técnicos del distrito de Gràcia lo están investigando.