El 20 de abril de 2026, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Producción de Defensa (DPA, por sus siglas en inglés) mediante una serie de memorandos presidenciales destinados a combatir el aumento de los precios de la energía. Alegando que la insuficiencia en la producción y transporte de energía constituye una amenaza para la defensa nacional y la seguridad económica. La invocación de la DPA (específicamente la Sección 303) otorga al gobierno federal poderes de "tiempo de guerra" para dirigir y financiar la industria privada.
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Decía el naranjito que a ellos no les iba a afectar el cierre del Estrecho de Ormuz. Y ahora resulta que están afrontando retos que necesitan aprobar esfuerzos de guerra en tiempos de paz; porque recordemos que no han declarado todavía la guerra ni tiene todavía poderes de guerra.
Los demócratas están diciendo que es ilegal imponer medidas de guerra en tiempos de paz. Algunos críticos y líderes estatales (como en el caso de California) han cuestionado su legalidad e impacto real en el mercado.