El Tribunal Supremo no tiene nada claro que la obligación impuesta por el Gobierno español a las televisiones de destinar el cinco por ciento de sus ingresos a la financiación de largometrajes cinematográficos y películas para televisión europeas respete el Derecho comunitario. La incertidumbre planea sobre la obligación de destinar un fijo de los ingresos de empresas privadas para subvencionar a "amiguitos"
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