Esta vez el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Miguel Poiares Maduro, ha considerado que la normativa asturiana de farmacias, que limita el número de oficinas en función de la población, no es coherente y por tanto no puede justificarse por motivos de interés de salud pública. La historia empezó hace años. En 2002 Asturias negó la apertura de una farmacia a dos farmacéuticos, y éstos recurrieron la negativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que elevó la causa ante el TUE.
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