Guatemala atraviesa un momento en el que el Estado está siendo puesto a prueba no solo por la violencia criminal, sino por la fragilidad acumulada de sus propias instituciones. La oleada en enero de motines carcelarios y asesinatos de policías no es solo un desafío de seguridad: recuerda hasta qué punto la corrupción, la captura del sistema judicial y el abandono social han erosionado la autoridad pública durante décadas. El Gobierno de Bernardo Arévalo se enfrenta hoy a las pandillas, pero también a un país que heredó un Estado deliberadamente
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