Con el objetivo de mejorar la seguridad, el Consejo de Ministros aprobó ayer y remitió a las Cortes un proyecto de ley que obliga a las compañías telefónicas a guardar los datos de las comunicaciones de sus clientes durante un año y a identificar a los compradores de las tarjetas prepago, por si las fuerzas y cuerpos de seguridad, previa autorización judicial, los requieren en el marco de una investigación.
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