De Santiago-Juárez explicó que, el Gobierno de Castilla y León cree que se trata de un cierre "absolutamente arbitrario, injustificado e injustificable" de una actividad empresarial "rentable" en términos económicos y "segura", tal y como ha dictaminado, recordó, el Consejo de Seguridad Nuclear. También recordó que la central nuclear de Santa María de Garoña da ocupación directa a más de mil trabajadores en la comarca burgalesa.
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