El Gobierno juega con fuego al otorgar a la actual Ley de Sucesiones y Donaciones de 1987 un fin confiscatorio: en otras palabras, cuando un ciudadano paga más en impuestos a Hacienda que el importe que recibe de los bienes hereditarios. Una ciudadana catalana, que se ha visto obligada a pagar a la Generalitat 540.000 euros por heredar 800.000 euros a la muerte de su hermano. Es decir, casi el 68% de lo obtenido. Además los inmuebles ya pagaron en su día el correspondiente impuesto sobre sucesiones a la muerte del padre de ambos.
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