El rastreo del sector inmobiliario abarcará varios frentes. Se investigará a los promotores inmobiliarios para detectar los supuestos en los que la rentabilidad de la operación sea menor de lo que establece el mercado, un claro indicio de fraude fiscal. Además, se utilizará una base de datos con precios reales de venta para comprobar si las transmisiones de inmuebles se ajustan a esas referencias. Atención especial merecerán los nuevos desarrollos urbanísticos, que se han multiplicado en España, en algunos casos sin rendir cuentas al fisco.
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