La cantidad fijada inicialmente ascendía a 150.000 euros, pero la acusación particular considera que el perjuicio moral sufrido se ha intensificado y no puede valorarse en una cifra inferior. Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado al Tribunal Supremo que eleve a 300.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la causa abierta por la presunta filtración de datos que le afectan.
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Pocas cosas pasan.
Y la corrupción es un delito mucho más grave.
Lo cual nos lleva pensar que en la justicia apoyan la corrupción de los políticos.