El objetivo es reformar el artículo 55 de la Ley del Suelo para aligerar la ejecución de planes urbanísticos afectados por denuncias parciales que no afectan a la totalidad del proyecto. Se busca también la cancelación de la constancia registral del derecho a revisión. Es decir, limitar los derechos de aquellas personas cuyos terrenos hayan sido expropiados, lo que conecta directamente con la Operación Chamartín, cuyos suelos son propiedad de Adif y no se pueden traspasar a los 3 promotores actuales de la operación urbanística.
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