A partir de ahora, las empresas deberán abrir la “caja negra” de sus sistemas bajo pena de vulnerar derechos constitucionales. La jurisprudencia se adapta así a la digitalización del trabajo, reforzando la democracia sindical en un terreno nuevo: el de los algoritmos. Las secciones sindicales de CGT pidieron a Foundever transparencia sobre un sistema informático que asignaba libranzas variables de 3.800 trabajadores. La empresa respondió con rotundidad: “No usamos algoritmos ni inteligencia artificial”. Sin embargo, la realidad decía otra cosa
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Mierda de UGT y CCOO