Una apuesta errónea, el lanzamiento en el mercado ruso, llevó a Kelme a la bancarrota. Fue entonces cuando llegó la ayuda de la administración autonómica valenciana, en la época en la que Eduardo Zaplana era el presidente de la Generalitat valenciana. Desde entonces, el Gobierno valenciano ha controlado a la empresa. La persona responsable ha sido Enrique Pérez Boada, director del Institut Valencià de Finances y destacado miembro del PP y el Opus Dei valencianos
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