Desde que la multinacional con sede en Troy solicitara acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, la empresa ha gastado más de 400 millones de dólares (unos 276 millones de euros) en abogados, asesores y consultores, tanto para la propia firma como para los seis sindicatos que representan a sus trabajadores. El proceso de suspensión de pagos de la corporación norteamericana ha supuesto la remisión al tribunal de Nueva York que ha supervisado la reestructuración de más de 19.000 documentos, informa hoy el 'Financial Times'
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