Los funcionarios públicos están obligados a denunciar cualquier conducta delictiva de la que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Esto incluye actos de corrupción, malversación de fondos públicos, abuso de poder o cualquier otro delito que perjudique los intereses de los ciudadanos. El incumplimiento de la obligación de denunciar puede tener consecuencias legales y disciplinarias para el funcionario público. Pueden imponerse sanciones administrativas y penales, que pueden incluir la suspensión del cargo, la pérdida de derechos
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etiquetas: denunciar corrupción , deber de funcionarios
La ley en España no se cumple.
Se cierran servicios enteros