El Gobierno Ayuso se los negó a la Asamblea en octubre con dos argumentos falsos: que esos documentos eran un “procedimiento interno de trabajo” y que contenían "datos personales de los profesionales".Ambos alegaciones tampoco son aplicables a las cartas de Alberto Reyero, desveladas por este periódico el pasado domingo. El Ejecutivo autonómico también se las ocultó al Parlamento autonómico. En esa estrategia de negar la evidencia, se enmarca la necesidad de Ayuso de ocultar a la Asamblea de Madrid las “comunicaciones” entre las dos consejerías
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