El Consejo de Europa considera que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano en comunidades autónomas con lengua cooficial infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias. Los expertos recuerdan que España cuando suscribió esa carta optó por "el máximo nivel de protección". Eso implica que la lengua regional o minoritaria debe utilizarse como lengua vehicular para la enseñanza de las diferentes asignaturas
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