Los tres reactores debían de ser puestos fuera de servicio en 2015 según una ley federal aprobada en 2003 por el gobierno anterior, pero la ley será derogada y las centrales funcionarán diez años más. En la traducción del artículo (comentario 1) se aprecia que es una jugada política que implica más cosas: el gobierno busca un acuerdo con la empresa explotadora (Electrabel) que le puede reportar cientos de millones de euros al año.
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