La Audiencia Nacional da la razón a Trabajo y reconoce que el Estado puede «exigir sus condiciones». La sentencia, de 28 de noviembre, da la razón al Gobierno central y suscribe que el Ejecutivo regional no puede reclamar los 4,3 millones de euros para inmigración si no cumple la condición de acoger a menores inmigrantes procedentes de Canarias.
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