Mientras Cristóbal Montoro asfixiaba a los ayuntamientos con exigencias de recortes y una legislación que apretaba las tuercas a los presupuestos municipales, la trama destapada tras la imputación del entonces ministro de Hacienda del Partido Popular muestra que los ayuntamientos donde las empresas gasísticas implicadas tienen plantas de producción de gas dejaron de ingresar unos 10,5 millones de euros en concepto del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los últimos cinco años, según las estimaciones de los investigadores
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