Un estudio sobre 326 centros en siete comunidades detecta que el 90% de los centros privados financiados con fondos públicos cobra por enseñanzas obligatorias, práctica prohibida por la ley. "Estamos atónitos ante la paralización de las administraciones. Unos pocos se hacen muy ricos a costa de la segregación del alumnado", denuncia Leticia Cardenal, de la confederación de familias Ceapa
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