España no protege los derechos de los animales en general y de los perros en particular. Miles de animales, abandonados por sus dueños en plena calle o en medio de carreteras terminan en las perreras municipales. Las legislaciones de las 17 comunidades autónomas, todas excepto la catalana, contemplan el sacrificio para los animales domésticos abandonados o perdidos. Si no tienen identificación, y no son adoptados en plazos que van de 8 a 19 días, los animales son ejecutados.
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