La difusión de imágenes y vídeos de menores por parte de sus progenitores es un fenómeno común y en apariencia inocente que, en realidad, genera riesgos: los menores acaban teniendo una identidad digital antes de poder decidir sobre ella, y las imágenes pueden ser robadas y usadas con fines ilícitos. Un estudio recomienda introducir control previo -con intervención del Ministerio Fiscal-, medidas preventivas exigibles a las plataformas digitales y mecanismos para preservar los beneficios económicos derivados del uso de la imagen del menor.
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