La semana pasada saltó el escándalo en el sector de renovables español. Tras varios meses de peticiones en el Congreso y en los tribunales, el Ministerio de Industria entregaba por fin los informes en los que se basó para hacer la normativa de renovables. Una regulación que ha supuesto un hachazo de cerca de 3.000 millones de euros, según los afectados.